La justicia madrileña afronta los próximos meses con una agenda repleta de procedimientos que mezclan política, corrupción, delitos graves y casos que han conmocionado a la opinión pública. Desde Móstoles hasta Boadilla del Monte, pasando por los tribunales de la capital, el curso judicial que arranca promete no dejar indiferente a nadie.
Uno de los asuntos que más expectación genera es el proceso contra Alberto González Amador por presunto fraude fiscal. Aunque la causa ya ha llegado a los juzgados de lo Penal, el colapso que sufren estos órganos hace prever que el juicio oral podría retrasarse hasta 2028. Paralelamente, continúa en instrucción una pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL en 2020, una operación de casi medio millón de euros por una empresa con escasa actividad.
En Móstoles, el foco judicial no descansará. El alcalde Manuel Bautista está citado a declarar el próximo 1 de diciembre como querellado por una denuncia de acoso sexual presentada por una concejala del Partido Popular. Las decisiones que tome el juzgado a lo largo de los próximos meses podrían tener consecuencias directas en la estabilidad política del segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid.
Además, la exalcaldesa Noelia Posse y una decena de acusados se sentarán en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio municipal de ITV, después de que la Audiencia Provincial ordenara señalar la vista oral.
Tampoco se cerrarán en falso las investigaciones sobre las muertes en residencias de mayores durante la pandemia. La Audiencia Provincial descartó unificar todos los casos en una macrocausa, por lo que cada fallecimiento seguirá siendo examinado de forma individual. Se trata de uno de los capítulos más dolorosos y políticamente sensibles de los últimos años.
En Boadilla del Monte, está pendiente de señalamiento el juicio contra un exprofesor del colegio Virgen de Europa, acusado de presuntos abusos sexuales a menores, producción y tenencia de pornografía infantil y otros delitos de corrupción de menores.
A todo esto se suman juicios muy esperados por la ciudadanía, como el del asesinato de Borja Villacís y el de unos padres acusados de maltratar a sus ocho hijos en Colmenar Viejo.
En definitiva, los próximos meses dibujan un otoño e invierno intensos para los tribunales madrileños, con causas que van mucho más allá de los juzgados y que tocarán de lleno la vida política y social de la región.
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