El sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en las Islas Baleares lleva meses tensado al máximo. El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Guillermo Sánchez, ha vuelto a alzar la voz ante una situación que califica de «compleja» y que, a su juicio, el Gobierno central no está gestionando con la firmeza que se necesita.
Sánchez ha puesto en perspectiva la magnitud del problema comparando la realidad mallorquina con la que ahora mismo se vive en Ceuta. «Si nosotros atendemos a 448 menores migrantes con una población de un millón de habitantes y ya estamos en una situación compleja, no me quiero imaginar lo que se está viviendo en Ceuta, que tiene unos 80.000 habitantes», ha señalado.
En Ceuta, el número de menores que cruzaron la frontera en los últimos días oscila, según las fuentes, entre los 2.000 y los 5.000. Una cifra que el conseller considera inasumible para cualquier sistema de protección y que le lleva a pedir una solución diferente: la repatriación con las familias de origen.
Para Sánchez, la inmensa mayoría de estos chicos tienen una familia en sus países que los espera. Por eso insta al Gobierno a solicitar los informes preceptivos sobre sus circunstancias familiares, tal y como contempla la ley de extranjería. «¿Podemos estar reteniendo a un menor cuando a lo mejor hay una familia en Guinea, en Marruecos o en Argelia que desconoce dónde está su hijo?», se ha preguntado.
Esta postura le lleva también a oponerse a que se deriven menores desde Ceuta hacia otras comunidades autónomas, incluidas las Baleares. El conseller ha recordado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se comprometió durante su visita a Mallorca a no enviar más menores al archipiélago, reconociendo que las islas son ya la primera línea de la frontera sur de Europa.
Y es que las derivaciones previas desde Canarias no dejaron buen sabor de boca. De los cuatro menores trasladados a Baleares, tres estaban a punto de cumplir los 18 años. En cuestión de meses quedaron fuera del sistema de protección, solos en una isla desconocida. «No se puede tratar a un menor como si fuera una carga», ha subrayado Sánchez.
En Mallorca, los 448 tutelados representan dos de cada tres menores bajo el amparo del Consell. Un sistema residencial que, por normativa, debería contar con unas 40 plazas específicas para migrantes, pero que lleva tiempo habilitando espacios de urgencia para no dejar a nadie sin techo.
