La Autoridad Portuaria de Sevilla lleva meses protagonizando una de las contradicciones urbanísticas más llamativas de la ciudad. El mismo organismo que alegó ante la Dirección General de la Costa y el Mar que el muelle de Tablada no tiene características naturales de ribera de mar, afirma ahora en un expediente público que el de Sevilla es un puerto marítimo de interior situado en el estuario del Guadalquivir.
El cambio de argumento no es menor. La Autoridad Portuaria, presidida por Rafael Carmona, sometió hace meses a información pública una modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, conocida como DEUP. El plazo de 45 días para presentar alegaciones está a punto de cerrarse. El objetivo declarado es adaptar el muelle de Tablada y el mirador del Batán al futuro Distrito Urbano Portuario.
Lo que llama la atención es el giro en la definición del propio puerto. Cuando la Autoridad Portuaria necesitaba levantar en la avenida de las Razas 700 viviendas en torres de hasta nueve plantas, recurrió a la Abogacía del Estado para bloquear un informe negativo de Costas. El argumento fue que la dársena donde se ubica el muelle de Tablada es artificial, excavada por el hombre, y por tanto la Dirección General de la Costa y el Mar no tendría competencias allí. Sin tutela de Costas, sin obstáculos para las viviendas.
Ahora, en la documentación del nuevo expediente, ese mismo puerto vuelve a definirse como marítimo. Dos expedientes, dos conveniencias, una misma institución.
No es la primera vez que este debate aflora. En 2023, en el entorno de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado ya intentaron reducir el dominio público marítimo-terrestre alegando que en ese tramo del canal no había influencia de las mareas. Costas no lo aceptó y resolvió que las mareas sí son sensibles en ese punto, incluso más allá del núcleo urbano sevillano.
Para el muelle de Tablada, más próximo aún al mar que el tramo de Altadis, no consta que exista un deslinde similar, lo que convierte el terreno jurídico en un campo abierto para la interpretación que en cada momento resulte más útil.
El resultado práctico de todo esto es que el futuro urbanístico de una parte relevante de la orilla del Guadalquivir en Sevilla se sigue definiendo con argumentos que cambian según el proyecto que esté sobre la mesa.
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