Izquierda Unida ha encendido las alarmas en la comarca de Benavente después de denunciar que el cambio en la gestión del abastecimiento de agua ha disparado las facturas en decenas de municipios, con incrementos que rozarían el 40% en algunos casos.
El detonante es el traspaso de la explotación de la ETAP Benavente y Los Valles, que desde el pasado 1 de abril quedó en manos de SOMACYL, empresa pública dependiente de la Junta de Castilla y León, en sustitución de ACUAES, vinculada a la Administración del Estado. El cambio se enmarca en un convenio que contempla una inversión de 2,5 millones de euros para la ampliación y mejora de la red, pero sus consecuencias económicas han generado un profundo malestar entre los municipios afectados.
IU reclama la convocatoria urgente de una Asamblea de la Mancomunidad y exige que los 32 ayuntamientos que la integran se pronuncien en pleno sobre esta modificación. Según la formación, han transcurrido seis meses desde la entrada en vigor del nuevo modelo sin que se haya celebrado ninguna asamblea, pese a las peticiones de varios municipios.
Entre las irregularidades denunciadas destaca la desaparición del criterio de coste único, que ha dado paso a tarifas y costes fijos distintos según el municipio. A ello se suma que la primera factura emitida por SOMACYL habría incluido 205.000 euros en concepto de deuda que IU califica de inexistente, y en la que, además, habrían aparecido ayuntamientos que no mantenían pendiente ningún pago.
La formación también apunta al incremento de 165.000 euros en la aportación del Ayuntamiento de Benavente a la Mancomunidad como consecuencia directa de la reestructuración del ciclo integral del agua.
El argumento central de IU es de carácter democrático. Si los ayuntamientos tuvieron que aprobar en pleno el convenio original firmado en 2011, entiende la formación que una modificación de tal calado exige el mismo procedimiento. Tal y como resume Izquierda Unida, los 32 ayuntamientos han sido tratados como convidados de piedra en una decisión que afecta directamente al bolsillo de sus vecinos y a las obligaciones económicas de sus arcas municipales.
La presión política obliga ahora a la Mancomunidad a dar explicaciones y a aclarar cómo se tomó una decisión que, según IU, no pasó por donde debía.
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