La Junta de Extremadura ha dado el primer paso para declarar Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres, un movimiento que ha sido celebrado tanto por el consistorio cacereño como por colectivos contrarios a su retirada.
El alcalde en funciones y concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha valorado con entusiasmo la incoación del expediente BIC. Para él, se trata de «una magnífica noticia tanto para los cacereños como para la protección de nuestro patrimonio», y ha calificado el paso dado por la Junta de «muy importante».
Bazo ha defendido que la Cruz dejó de ser un monumento de carácter franquista en 1984, cuando se cambió la placa conmemorativa original. Desde entonces, asegura, los vecinos la viven como «un sitio de encuentro» y una referencia cotidiana del barrio: un lugar donde se coge el autobús o un taxi. El edil ha llegado a definirla como «un símbolo de unión y de concordia».
El concejal no ha dejado pasar la ocasión para cargar contra el Gobierno central, al que ha acusado de intentar «imponer desde Madrid la sinrazón de destruir y quitar nuestro patrimonio» con fines políticos. Ha contrapuesto esa actitud a la de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el consejero de Cultura, Laureano León, a quienes ha elogiado por «velar por los intereses de los cacereños».
En el mismo sentido se ha pronunciado la asociación Hazte Oír, que lleva meses impulsando una campaña contra la retirada del monumento y asegura haber recogido ya más de 10.000 firmas. El colectivo sostiene que la apertura del expediente activa de inmediato el régimen de protección legal de los bienes culturales, lo que blindaría la Cruz frente a la orden de retirada dictada por el Ejecutivo central.
Hazte Oír considera que la decisión de la Junta responde exactamente a lo que solicitaron desde el inicio de su campaña, y afirma haber remitido desde el primer momento al gobierno autonómico las adhesiones recibidas. La asociación defiende que la Cruz es un símbolo religioso y no político, y que está «plenamente integrada en la historia de Cáceres».
El debate en torno a este monumento continúa abierto en la ciudad, con el Gobierno de España por un lado y la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento por el otro, mientras los vecinos siguen tomando el café a su sombra cada mañana.
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