La Diputación de Segovia ha aprobado en la Junta de Gobierno el tercer anticipo del ejercicio correspondiente a la recaudación de tributos, con el que los ayuntamientos y entidades locales de la provincia recibirán cerca de 10,9 millones de euros brutos para hacer frente a sus compromisos económicos.
La cantidad bruta aprobada asciende a 10.976.746,45 euros, equivalente al 22,50% de la recaudación de tributos gestionada para el ejercicio 2023. Este porcentaje responde al modelo de pagos establecido por los Servicios Tributarios de la institución provincial, que divide el reparto en cuatro anticipos ordinarios a lo largo del año: en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre. Cada uno de ellos representa la cuarta parte del 90% de la recaudación neta del ejercicio anterior.
Del importe bruto aprobado se deducen diversas retenciones, entre ellas 45.939,24 euros y 73.379,5 euros correspondientes al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, cantidades que quedan a favor del Consorcio Provincial de Medio Ambiente.
El diputado del Área de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, fue el encargado de dar cuenta del decreto de la Presidencia en la sesión de la Junta de Gobierno, mediante el cual se activa este mecanismo que viene funcionando desde marzo de 2017, cuando el Pleno de la Corporación provincial lo puso en marcha.
El objetivo de este sistema es claro: que los municipios puedan atender sus gastos corrientes y mantener los servicios a sus vecinos sin esperar a la liquidación definitiva de la recaudación. Una herramienta especialmente valiosa para los pequeños municipios de la provincia, que dependen en gran medida de estos ingresos para cuadrar sus presupuestos anuales.
Además de los cuatro anticipos ordinarios, el calendario contempla dos anticipos extraordinarios en los meses de octubre y noviembre, lo que completa un modelo de financiación que busca dar continuidad y estabilidad económica a las entidades locales durante todo el año.
El proceso concluye con una liquidación definitiva que ajusta la recaudación efectivamente obtenida en cada municipio, garantizando así la exactitud de los importes finales abonados a cada administración local.
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