La empresa promotora de la planta de biometano prevista junto a Cazalegas ya ha registrado formalmente su solicitud de licencia en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a pesar de que el Pleno municipal aprobó por unanimidad, el pasado 19 de agosto, suspender la concesión de este tipo de permisos. La denuncia la ha hecho pública este lunes el Grupo Municipal Socialista, que exige al alcalde, José Julián Gregorio, que inadmita la solicitud de inmediato.
El PSOE señala que la clave del problema está en los plazos. Han pasado doce días desde que el Pleno adoptó aquel acuerdo unánime y todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Sin esa publicación, el acuerdo no tiene efectividad legal, lo que ha dejado la puerta abierta para que la empresa aprovechara el vacío y presentara su solicitud.
La misma situación afecta a una resolución del concejal de Urbanismo fechada el 7 de agosto, en la que el Gobierno municipal anunciaba igualmente la paralización de estas licencias. Según los socialistas, ese documento tampoco ha sido publicado de forma oficial.
El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha cargado con especial dureza contra el hecho de que el Ejecutivo local no haya informado a la ciudadanía de que la empresa había registrado la solicitud. A su juicio, se trata de una información de máxima relevancia para Talavera que el Gobierno municipal ha mantenido en silencio.
«El Pleno dijo no al biometano y el alcalde tiene que hacer cumplir ese no», ha afirmado Gutiérrez, que ha reclamado explicaciones sobre la situación administrativa del proyecto y ha pedido que se publiquen de forma urgente ambos acuerdos.
Los socialistas también han rechazado que se planteen nuevos estudios como alternativa a lo ya decidido en el Pleno. Para el PSOE, el mandato municipal es claro: modificación del Plan de Ordenación Municipal y suspensión de licencias para plantas de biometano durante su tramitación.
La controversia en torno a esta instalación lleva semanas tensando el ambiente político en la ciudad. La unanimidad del Pleno fue recibida como un mensaje contundente por parte de los vecinos contrarios al proyecto, pero el episodio del registro de la licencia ha vuelto a encender las alarmas y ha puesto en cuestión la capacidad del Ayuntamiento para blindar administrativamente su propia decisión.
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