Cientos de ciudadanos se concentraron este martes frente a la Delegación del Gobierno en Palma para exigir responsabilidades por las cargas policiales registradas el pasado domingo durante la manifestación contra la saturación turística. Los gritos de «Alfonso Rodríguez, dimisión» resonaron durante más de hora y media en la calle Constitució bajo un sol de justicia.
La convocatoria, impulsada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, reunió a una multitud visiblemente enfadada frente a un edificio protegido por vallas y custodiado por una decena de agentes. Los manifestantes no solo pedían la salida del delegado del Gobierno, sino también la del jefe de la Policía Nacional, Antonio Puebla, y denunciaban la actitud del Ayuntamiento de Palma por no facilitar el suministro eléctrico para el cierre de la marcha del domingo.
El ambiente fue de calma tensa. El malestar era palpable entre los asistentes, aunque no se registraron incidentes. Los agentes apostados tras las vallas escucharon inmóviles una cascada de consignas en las que se tachaba a la Policía Nacional de «fuerzas de ocupación» y se la acusaba de «torturar y asesinar». También se corearon lemas como «Fuera fascistas de nuestras calles», «menos policías y más sanitarios» o «tourists go home».
Un dron y un helicóptero sobrevolaron la zona de forma intermitente, provocando cada vez una oleada de pitidos y abucheos entre la concentración.
El acto concluyó con la lectura de un manifiesto, aunque la muchedumbre tardó varios minutos en disolverse. La jornada dejó una imagen clara: el malestar generado por los hechos del domingo no ha hecho más que crecer.
En paralelo, la Policía Nacional ha abierto una investigación interna para determinar si algunos agentes se excedieron en el uso de la fuerza durante la manifestación del 26 de julio, y el instructor designado prevé tomar declaración a unos quince agentes implicados en los incidentes.
La protesta refleja una tensión social que va mucho más allá del debate turístico y que apunta directamente a la gestión del orden público y a la relación entre las instituciones y la ciudadanía en las islas.
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