La apertura del nuevo tramo de la autovía A-11 en la provincia de Valladolid sigue dejando cola política días después de su inauguración. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, cargó este jueves con dureza contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el modo en que se organizó el acto oficial del pasado lunes.

Carriedo aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para calificar la ceremonia de «acto de partido político» en lugar de un acto institucional. El motivo es que el Ministerio de Transportes invitó a numerosos dirigentes del PSOE, pero dejó fuera a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Valladolid y a los ayuntamientos de los municipios afectados por la nueva vía.
El propio Puente llegó a reconocer públicamente que no se cursaron esas invitaciones, algo que Carriedo calificó de «dato a analizar» y que, a su juicio, no habría ocurrido de haberse tratado de una autonomía gobernada por otro partido.
El portavoz autonómico fue más allá y vinculó esta decisión con las ambiciones políticas del ministro. Según Carriedo, Puente está «más centrado en sus intereses como candidato a suceder a Pedro Sánchez que en pensar en los intereses generales de Castilla y León». Aun así, quiso dejar claro que la Junta no desea «polemizar» con quien podría ser el futuro líder del PSOE, aunque sí le pidió que dedique «algo de tiempo al interés general de los ciudadanos».
Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico destacó su papel activo durante el proceso. Tanto la Junta como la Diputación de Valladolid han cedido sus carreteras para dar servicio a los conductores mientras concluyen las obras del tramo, unas vías de diseño local que verán aumentar su tráfico diario de 2.200 a 5.000 vehículos. Por ello, Carriedo hizo hincapié en la necesidad de garantizar «los máximos niveles posibles» de seguridad en esas rutas alternativas.
El portavoz también valoró que la Junta haya mantenido informados a los alcaldes de los municipios del entorno, quienes tampoco recibieron invitación para el acto de inauguración y que, según informaciones previas, llegaron a solicitar explicaciones por la forma en que se gestionó la apertura de la autovía.
La polémica pone de relieve la tensión entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León en torno a una infraestructura muy esperada por los vecinos de la zona.
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