La inauguración parcial de la Autovía del Duero ha desatado una crisis de tráfico en varios municipios del entorno de Valladolid, cuyos alcaldes han trasladado su malestar a la Junta de Castilla y León en una reunión urgente celebrada este jueves.
La Delegación Territorial de la Junta en Valladolid acogió a primera hora de la mañana un encuentro en el que estuvieron presentes la delegada territorial, Raquel Alonso, y el diputado de Carreteras de la Diputación, Fernando Esteban, junto a los alcaldes de Valdearcos, Corrales, San Llorente y Curiel.
El motivo fue analizar las consecuencias del tráfico que ha generado la apertura parcial de la autovía inaugurada el pasado lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Según explicaron tras la reunión, la principal preocupación es la seguridad vial. El volumen de vehículos que antes circulaba por la nacional N-122 se ha desviado ahora hacia la carretera autonómica VA-101, lo que obliga a modificar la regulación de los giros en su intersección con la carretera provincial VP-3017.
La situación ha sido calificada por los propios responsables institucionales como «sobrevenida» y con «poco margen temporal para actuar», lo que da una idea de la urgencia con la que se ha abordado el problema.
Los alcaldes no escondieron su preocupación. Trasladaron que el aumento del tráfico ha generado un notable malestar entre los vecinos de sus municipios, y señalaron que el momento elegido para la apertura resulta especialmente inoportuno. La campaña de vendimia está en pleno apogeo y las labores agrícolas en la zona se intensifican precisamente en estas semanas, lo que complica aún más la convivencia con el nuevo flujo de vehículos.
Desde la Junta aseguraron que la nueva situación del tráfico está siendo monitorizada de forma continua para adoptar las medidas necesarias lo antes posible.
La apertura parcial de la A-11 sigue generando debate político y malestar vecinal en la provincia. Mientras las instituciones buscan soluciones sobre la marcha, los vecinos de estos pequeños municipios piden que sus carreteras no paguen el precio de una infraestructura que, paradójicamente, debería haber mejorado su calidad de vida.
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