Las administraciones de lotería de la provincia de León llevan años denunciando una situación que, según sus propietarios, se ha vuelto insostenible: sus comisiones no han cambiado en más de veinte años, mientras los gastos no dejan de crecer y la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) sigue sin dar respuestas concretas.
«No es que no sean rentables, es que el precio de la vida sube mientras nuestros sueldos son los mismos que hace 20 años», explica Nuria Pérez, de la Administración número 1 de Valencia de Don Juan. Una frase que resume el sentir generalizado de un sector que sobrevive a base de muchas horas de trabajo y poca recompensa económica.
La situación se agrava durante la campaña de Navidad, el momento en que más lotería se vende en toda España. Paradójicamente, el beneficio que reciben las administraciones en esas semanas es incluso menor que en un sorteo ordinario de sábado. Muchos negocios aguantan el año entero esperando esa época, lo que, admiten, resulta «agónico».
A esta presión económica se suma la competencia de los llamados puntos de venta mixtos, como bares o estancos que también comercializan décimos. Estos locales no están sujetos a las mismas obligaciones que las administraciones integrales, no necesitan sistemas de seguridad homologados y cuentan con más de una fuente de ingresos. «A nosotros de alguna manera nos daña», señala Pérez, hablando de competencia desleal.
La digitalización tampoco ayuda. Cada vez más clientes compran desde el móvil o la tableta, y quienes no vinculan su cuenta a una administración concreta trasladan esas comisiones directamente a Selae. Adaptarse a los canales digitales, además, requiere inversiones en equipos y programas que no siempre compensan.
Desde la Administración número 1 de Villablino lo dicen sin rodeos: «Nuestras comisiones son ridículas para lo que trabajamos.» A principios de julio, un grupo de administraciones presentó de forma conjunta una demanda contra Selae, cansadas de recibir siempre la misma respuesta en las escasas reuniones que han conseguido: «Lo vamos a pensar» o, directamente, que no hay presupuesto.
Los administradores no pueden cerrar cuando quieren, deben solicitar sus vacaciones con obligatoriedad y todos los gastos del local corren de su cuenta. Un negocio que, según reconocen desde varios puntos de la provincia, sí genera dinero, pero principalmente para el Estado.
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