Los municipios de Menorca siguen sin aprobar ordenanzas que regulen el uso de las piscinas, a pesar de que el Plan Hidrológico de Balears les fijó un plazo que expira en 2027. Cuatro años después de establecerse ese calendario, ningún ayuntamiento de la isla ha iniciado siquiera la tramitación de un texto normativo.
La situación resulta especialmente llamativa en un territorio que registra una ratio de una piscina por cada 9,6 residentes, muy por encima de la media española, y donde se construyen de media dos nuevas instalaciones cada semana en plena crisis de abastecimiento hídrico.
El municipio que más ha avanzado en este terreno es Maó. A principios de año decretó una moratoria para frenar los permisos de obra mientras redacta su nueva ordenanza, y en unas jornadas celebradas en marzo presentó algunas de las medidas que se están estudiando. Entre ellas figura la prohibición del vaciado y posterior rellenado de piscinas, una práctica que, según reconoció el propio alcalde Héctor Pons, algunos vecinos llevan a cabo durante el verano. Ningún otro municipio de la isla ha seguido ese camino.
Como medida de urgencia ante el calor extremo de estas semanas, Maó ha incluido en sus restricciones estivales la prohibición expresa de vaciar y volver a llenar las piscinas. Sin embargo, la ordenanza definitiva que debería regular de forma permanente este tipo de uso aún no está redactada.
El Consell de Menorca elaboró al final de la pasada legislatura una ordenanza marco pensada para servir de guía a los ayuntamientos. El documento apuntaba a medidas concretas como la creación de un registro en el que los propietarios declaren la capacidad de su instalación y la fecha del primer llenado, además de la obligación de instalar un contador de agua independiente.
Desde el sector de las piscinas insisten en que el verdadero problema no es la existencia de estas instalaciones, sino la forma en que se gestionan. Un argumento que, sin embargo, choca con la urgencia que impone la escasez de recursos hídricos en la isla.
El tiempo se agota. Los ayuntamientos tienen hasta el año próximo para cumplir con lo que el plan hidrológico les exige desde hace cuatro años. Por ahora, el verano de 2026 transcurre, una vez más, sin que las normas estén sobre la mesa.
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