Los grandes servicios de lavado de vehículos de Maó abrieron sus puertas el pasado lunes con absoluta normalidad, ignorando el endurecimiento de las restricciones hídricas aprobado solo unos días antes por el municipio. Una situación que evidencia las dificultades de aplicar medidas urgentes sobre el terreno y que deja al descubierto la falta de coordinación entre el consistorio y los negocios afectados.
El viernes anterior, la comisión municipal de Seguimiento del Plan de Sequía aprobó un nuevo decreto de alcaldía que prohíbe expresamente el lavado de vehículos en el término municipal, con excepciones únicamente para transportes de alimentos, animales, ambulancias, vehículos médicos y de residuos, siempre usando la mínima cantidad de agua posible. El decreto entraba en vigor al día siguiente de su publicación.
Sin embargo, la mayoría de los lavacoches consultados seguían operando ese mismo lunes, primer día hábil tras la publicación de la norma. Los argumentos para continuar son variados, aunque coinciden en un punto: ninguno de ellos utiliza el agua de la red municipal.
Uno de los negocios asegura abastecerse a través de la red propia del aeropuerto. Otro, una de las mayores estaciones de servicio de la ciudad, ha cerrado su túnel de lavado grande pero mantiene abiertos los lavaderos de manguera a presión porque, según explican, también compran el agua fuera de la red. Una tercera gasolinera señala que dispone de un aljibe donde almacena agua adquirida en otro municipio.
Estas justificaciones, válidas bajo las restricciones anteriores, resultan cuestionables tras el nuevo decreto, que no distingue el origen del agua sino que directamente prohíbe la actividad.
Más llamativo aún es el caso de una gran estación de servicio de empresa estatal que admite no haber parado por falta de comunicación oficial. Sus responsables indican que, en ocasiones anteriores, fue la Policía Local quien les informó de las nuevas medidas, y que en esta ocasión nadie del ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos.
La situación contrasta con el puerto de Maó, que ha quedado exento de las nuevas limitaciones tras acreditar un ahorro de agua del 20 por ciento, cumpliendo así los requisitos exigidos por la administración.
La crisis del agua en Menorca es una realidad que exige respuestas rápidas y coordinadas. Mientras los recursos hídricos siguen bajo presión, la brecha entre lo que dice el papel oficial y lo que ocurre en la calle sigue siendo, en Maó, demasiado ancha.