El puerto de Maó está a punto de recuperar parte de su memoria histórica. El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha la licitación de un proyecto para restaurar tres elementos patrimoniales clave de la Estación Naval: el edificio del varadero en la Illa Pinto, la Atalaya de Binissermenya y las torres de protección del arsenal. El presupuesto base asciende a 1.529.188 euros y el plazo previsto para ejecutar los trabajos es de 14 meses.

El proyecto es obra del estudio de arquitectura y urbanismo BAU, contratado en 2025 por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. El equipo, formado por arquitectos, arqueólogos, un restaurador y un topógrafo, realizó numerosas visitas al enclave para valorar el estado real de las estructuras antes de redactar la propuesta.
Las conclusiones del análisis son claras: el abandono ha sido el principal enemigo de estos edificios. El viento, la lluvia, la humedad, la fauna silvestre y el crecimiento descontrolado de la vegetación han ido deteriorando progresivamente unas construcciones que forman parte de la identidad del puerto.
Frente a ese deterioro, el proyecto apuesta por una intervención mínima pero efectiva. El criterio es respetar al máximo la obra original, actuando solo donde sea necesario para garantizar la estabilidad y la consolidación de los inmuebles.
En el varadero, una nave de tres fachadas de marés con cubierta a dos aguas sobre cerchas de madera, se prestará especial atención a la restauración de esas cerchas, los tirantes metálicos, los clavos incrustados en la piedra y la impermeabilización de los canalones. El edificio está incluido en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Maó.
La atalaya, por su parte, recuperará los elementos metálicos que refuerzan los muros de la torre original y contará con una escalera restaurada que permitirá acceder a la cubierta. En las torres del arsenal, el foco estará en los grabados y grafitis históricos existentes, a los que el proyecto reconoce un valor documental importante.
Hay que tener en cuenta que todos estos inmuebles pertenecen a la Armada española y dependen del Ministerio de Defensa. Su uso continuará siendo militar, aunque en fechas muy concretas podrán ser visitados por personal autorizado.
Con un único contratista para todo el conjunto, se busca minimizar las interferencias en el funcionamiento diario de la base naval. Un detalle práctico que refleja el cuidado con el que se ha diseñado una intervención que devuelve protagonismo a uno de los rincones más singulares del puerto de Maó.



