Diecisiete municipios de la provincia de Albacete superan el límite legal de 30 días para abonar sus facturas a proveedores, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al segundo trimestre de 2026. El incumplimiento afecta aproximadamente a uno de cada cuatro consistorios con información disponible en el fichero oficial.
La legislación vigente obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo máximo de 30 días desde que se aprueba la conformidad de los bienes o servicios recibidos. Pasado ese tiempo sin cobrar, las empresas y autónomos afectados tienen derecho a reclamar intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro.
El caso más llamativo es el de Motilleja, cuyo Periodo Medio de Pago a Proveedores alcanza los 337 días, lo que equivale a casi un año de espera para quienes trabajan con este pequeño municipio. Le sigue Ontur, con 235 días, y Vianos, con 127. Son los tres únicos ayuntamientos de la provincia que superan la barrera de los 100 días.
Por debajo de ese umbral, pero también muy lejos del límite legal, aparecen Letur con 74 días, Viveros con 74 y Bienservida con 61. En total, seis ayuntamientos duplican o más el plazo permitido por la ley.
La Roda registra 59 días, Ossa de Montiel 58 y Villaverde de Guadalimar casi 51. Completan la lista Albatana, Munera, Villatoya, Jorquera, Fuente-Álamo, Barrax, Tobarra y Valdeganga, este último rozando el límite con 30,86 días.
Las ciudades más grandes de la provincia presentan datos más favorables. Albacete capital se sitúa en 22 días, Villarrobledo en 23 y Hellín en apenas 14. Caudete también cumple holgadamente con 16 días.
Sin embargo, los expertos advierten de que un buen dato global no garantiza que todas las facturas estén al corriente. El indicador es un promedio ponderado, y puede ocultar casos concretos de retraso severo. Un ejemplo claro es Almansa: su media global se queda en 29 días, dentro del límite, pero sus operaciones pendientes acumulan una ratio de 137 días.
El incumplimiento sistemático de estos plazos perjudica directamente a pequeñas empresas y autónomos locales, que a menudo no disponen de margen financiero para absorber meses de espera por trabajos ya realizados.
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