Vecinos de la calle Nazario Calonge vuelven a verse obligados a abandonar sus hogares después de que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares declarara en situación de ruina física inminente los inmuebles de los números 14, 16 y 18. La decisión llega ante la existencia de daños que, según el Consistorio, pueden poner en riesgo la seguridad de las personas.
El Gobierno municipal comunicó la situación la semana pasada y señaló como origen del problema una fuga atribuida al Canal de Isabel II. Sin embargo, la formación Más Madrid ha puesto el foco en algo que los vecinos de la zona no han olvidado: esa misma calle ha sido intervenida en repetidas ocasiones por la Comunidad de Madrid a causa de los problemas generados por la ampliación de la línea 7B de Metro.
Ante este nuevo episodio, la responsable de Transportes de Más Madrid, María Acín, ha enviado una carta al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, reclamando la constitución urgente de una mesa de seguimiento que incluya al Ayuntamiento de San Fernando y a todos los grupos políticos.
El objetivo, según expone Acín en el escrito, es garantizar que todos los actores, tanto regionales como locales, estén informados de primera mano y puedan abordar la situación de forma conjunta.
La formación recuerda que la crisis de la L7B lleva años haciendo mella en este municipio: la inestabilidad del suelo provocó la demolición de viviendas y la desaparición de la llamada zona 0, sustituida finalmente por un parque. Un proceso que, subrayan desde Más Madrid, ha dejado huella también en la salud mental de muchos residentes, sometidos a años de incertidumbre.
A ello se suma un detalle que ha vuelto a encender las alarmas entre los vecinos: en las últimas semanas se han visto circular trenes con manchas visibles, una imagen que, según Acín, ha intensificado la sensación de inseguridad en el barrio.
Más Madrid insiste en que la gravedad acumulada de esta situación no puede seguir gestionándose de manera fragmentada. La formación considera imprescindible que las administraciones implicadas actúen de forma coordinada y transparente, dando respuesta a una comunidad que lleva demasiado tiempo soportando las consecuencias de obras e infraestructuras que escapan a su control.
Por el momento, la Comunidad de Madrid no ha respondido públicamente a la solicitud.
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