El Ayuntamiento de Pozo Cañada ha iniciado los trámites para dotarse de una residencia de mayores en el municipio mediante una fórmula que le permite ceder el terreno a una empresa privada sin renunciar a la titularidad del suelo ni asumir el coste de las obras.
El consistorio ha sacado a licitación el derecho a construir y explotar un centro residencial sobre una parcela municipal de 12.857 metros cuadrados situada en el paraje Los Alfaros. La empresa que resulte adjudicataria deberá levantar una residencia con un mínimo de 100 plazas, aunque el terreno tiene capacidad para albergar hasta 175 residentes.
El mecanismo elegido es el llamado derecho real de superficie, que permite separar temporalmente la propiedad del suelo de lo que se edifica encima. En términos prácticos, el Ayuntamiento mantiene en todo momento la titularidad de la parcela y, una vez transcurridos los 75 años de duración del contrato, recuperará también el inmueble construido de forma gratuita.
La empresa adjudicataria tendrá que asumir por su cuenta toda la inversión: la redacción del proyecto, las obras, el equipamiento del centro, las acometidas de servicios, la ejecución de una depuradora propia y el acondicionamiento del acceso a la parcela. A cambio, podrá explotar la residencia y obtener los ingresos de su funcionamiento durante ese periodo de 75 años. El canon mínimo anual fijado por el Ayuntamiento es de 6.000 euros.
Los pliegos del contrato incluyen además condiciones especiales para los vecinos del municipio. Al menos el 20% de las plazas, es decir, un mínimo de 20 en caso de que la residencia se construya con la capacidad mínima exigida, tendrán que reservarse de forma preferente para personas empadronadas en Pozo Cañada o que hayan vivido en el municipio durante al menos cinco de los últimos quince años.
Estos vecinos contarán además con una bonificación mínima del 10% sobre el precio ordinario de una plaza residencial, un descuento que correrá a cargo de la empresa explotadora.
El plazo de construcción, una vez adjudicado el contrato y obtenidas las autorizaciones necesarias, deberá situarse entre 18 y 24 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 19 de octubre para presentar sus ofertas.
La iniciativa supone un paso concreto para dar respuesta a las necesidades de atención a las personas mayores en un municipio que, como muchos otros de la provincia, afronta el envejecimiento progresivo de su población.
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