La Guardia Civil ha intervenido en una escuela canina de Navalcarnero tras detectar condiciones de vida deplorables para los animales que allí se alojaban. La investigación ha concluido con la detención de dos hombres, propietarios del recinto, acusados de un presunto delito de maltrato animal.

Todo comenzó el pasado mes de junio, cuando varios vecinos presentaron denuncias alertando sobre el estado en que se encontraban las instalaciones. Las quejas apuntaban a una falta evidente de agua y alimento para los perros, así como a unas condiciones generales que calificaron de «deficientes».
Los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron de primera mano lo que los vecinos llevaban tiempo denunciando. Lo que encontraron fue aún peor de lo esperado: las instalaciones presentaban «deficiencias muy graves» y los animales mostraban un estado de salud alarmante. Para colmo, en el interior del recinto hallaron el cadáver de uno de los perros.
Tras las inspecciones, la Guardia Civil procedió a la incautación de un total de 46 animales. De ellos, nueve tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro veterinario por presentar extrema delgadez, anemia severa y deshidratación. Varios ejemplares mostraban además signos de enfermedades, presencia de parásitos y lesiones de diversa consideración.
Los dos propietarios de la escuela canina ya han pasado a disposición judicial para responder por los hechos. Las instalaciones han sido clausuradas de manera inmediata, poniendo fin a una situación que, según apuntan las primeras diligencias, se habría prolongado durante un tiempo considerable sin que nadie actuara hasta que los propios residentes de la zona decidieron dar el paso y denunciarlo.
Este caso vuelve a poner de relieve la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para detectar situaciones de abandono y maltrato animal que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. La implicación de los vecinos de Navalcarnero fue determinante para que los perros pudieran ser rescatados a tiempo.
El procedimiento judicial sigue su curso y los investigados se enfrentan a las penas previstas en la legislación vigente por delitos de maltrato animal.
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