Movimiento Sumar Toledo ha cargado duramente contra la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha y su empresa pública Gicaman por la forma en que están gestionando las viviendas de alquiler público de la calle Río Yedra 8, en el Polígono. La formación considera que el actual modelo es un «fracaso previsible» y exige una gestión pública directa con criterios sociales.
El detonante de la denuncia ha sido la renovación del contrato con la entidad social Athena para el seguimiento de la convivencia en el bloque. Sumar critica que las administraciones se hayan limitado a anunciar una rebaja temporal de las rentas sin renunciar al cobro de las deudas acumuladas por los inquilinos, unas deudas que, según la formación, derivan de cuotas «inasumibles» para las familias vulnerables que aceptaron las condiciones por pura necesidad.
La organización subraya además que no se ha planteado ninguna fórmula de aplazamiento ni de renegociación adaptada a la renta de cada hogar, a pesar de que muchas familias estarían dispuestas a pagar un alquiler proporcionado a sus posibilidades económicas reales.
Otro de los reproches tiene que ver con la opacidad. Sumar Toledo lamenta que el Ejecutivo regional no haya facilitado datos actualizados sobre las viviendas vacantes, las ocupadas ilegítimamente o los procedimientos judiciales en marcha. Una falta de transparencia que, a su juicio, impide conocer la dimensión real del problema.
Para la formación, la Junta y Gicaman están trasladando su responsabilidad a asociaciones externas, reduciendo todo el conflicto a una cuestión de «convivencia» y esquivando así su papel en el deterioro de los espacios comunes y en la acumulación de impagos y ocupaciones irregulares.
El caso de Río Yedra 8, advierten, no es accidental. Señalan como causas la falta de filtros en las adjudicaciones, la rigidez de los contratos, el abandono del mantenimiento y la pasividad ante los problemas generados por una minoría de residentes.
Sumar alerta además de que este deterioro está sirviendo de excusa para ceder la gestión de las nuevas promociones de alquiler asequible a promotoras privadas, una tendencia que consideran peligrosa y contraria al interés público.
La formación pone como ejemplo otras comunidades autónomas donde empresas públicas gestionan el parque de vivienda con equipos propios, mantenimiento real y condiciones adaptadas a la situación de cada familia. Un modelo que, según Sumar, debería implantarse también en Toledo.
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