El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha una investigación para aclarar el uso de una tarjeta municipal de estacionamiento que, según las primeras comprobaciones, llevaría varios años caducada y correspondería a un modelo ya en desuso. El caso salió a la luz después de que un vecino presentara una denuncia anónima señalando a un exconcejal del Partido Popular.
El denunciante aseguraba haber visto de forma habitual un vehículo estacionado en las cercanías del domicilio de la hija del exedil, portando lo que parecía ser una acreditación municipal de estacionamiento. Reclamaba al consistorio que verificara si esa tarjeta seguía vigente y a nombre de quién estaba registrada.
Las primeras pesquisas internas apuntan a que la acreditación en cuestión responde a un formato antiguo, diferente al modelo actual tanto en color como en sistema de gestión, y que lleva caducada desde hace varios años. Esto no implica que se haya cometido una infracción confirmada, ya que la denuncia por sí sola no aporta pruebas concluyentes. Sin embargo, el Ayuntamiento ha considerado necesario abrir un proceso formal de comprobación.
Desde el consistorio torrentino se recuerda que este tipo de tarjetas están vinculadas al ejercicio de funciones públicas o profesionales concretas: cargos municipales, funcionarios, jueces, médicos o colectivos similares que necesitan desplazarse por motivos laborales. Una vez que esas funciones cesan, las tarjetas deben dejar de usarse y ser devueltas a la delegación municipal de Movilidad. Haber ocupado un cargo en el pasado no otorga un derecho permanente a seguir disponiéndolas.
Más allá del caso concreto, el Ayuntamiento ha aprovechado la situación para anunciar un inventario general de todas las tarjetas municipales actualmente en circulación. El objetivo es determinar cuántas existen, quién tiene asignada cada una, cuáles siguen vigentes y si su uso responde a los criterios por los que fueron concedidas.
También se retirarán aquellas acreditaciones que hayan quedado obsoletas, caducadas o que continúen circulando pese a haber desaparecido las funciones que motivaron su expedición. La Policía Local tiene competencia para actuar cuando detecta el uso irregular de este tipo de documentos.
El consistorio ha anunciado que adoptará las medidas oportunas en función de los resultados que arroje la investigación.
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