Izquierda Unida Burgos ha pedido al Ayuntamiento que dé el paso hacia la gestión directa de la Escuela Municipal de Música Antonio Cabezón, aprovechando el inicio del nuevo curso para poner sobre la mesa un debate que lleva meses gestándose en la ciudad.
La formación reclama además que el consistorio elabore una memoria económica que permita comparar de forma transparente cuánto cuesta el actual modelo externalizado y cuánto costaría que fuera el propio Ayuntamiento quien gestionara el servicio de manera directa.
El detonante de esta reclamación tiene nombre y fecha. En marzo, cerca de 700 alumnos y 25 profesores vieron interrumpida su actividad a causa de problemas vinculados al modelo de gestión. El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente el servicio a la empresa Arasti Barca por 119.415 euros, optando de nuevo por la externalización.
A eso se suma una subida de tarifas que ha puesto en alerta a muchas familias. La matrícula sube hasta los 30 euros y las cuotas mensuales crecen alrededor de un 18 por ciento. El contrato, además, contempla la posibilidad de nuevos incrementos en el futuro.
El coordinador local de IU Burgos, Jorge García, resumió la situación con una frase que ha dado que hablar: «Las familias pagan más y el Ayuntamiento también paga por el servicio». Para él, esto hace más necesario que nunca poner números encima de la mesa y no dar por sentado que ningún modelo es mejor sin antes hacer las cuentas.
IU propone que esa memoria económica incluya todos los costes reales de ambas opciones, desde los salarios y la Seguridad Social hasta la gestión administrativa y el mantenimiento de las instalaciones. Si la gestión directa resultara más barata, la formación plantea que el ahorro se destine a mejorar el servicio o a reducir las cuotas de quienes menos recursos tienen.
La formación también reclama condiciones dignas para el profesorado y una financiación suficiente que garantice la estabilidad de un centro que atiende a cientos de familias burgalesas cada año.
«No podemos normalizar que un servicio que afecta a 700 familias esté sometido a la incertidumbre de los contratos y las dificultades de las empresas adjudicatarias», señaló García, quien emplaza al equipo de Gobierno de Cristina Ayala a revisar en profundidad el modelo antes de que los problemas vuelvan a repetirse.
El inicio del curso deja así abierto un debate que va más allá de la música: el de quién debe gestionar los servicios públicos y a qué precio.
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