Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han exigido este miércoles una investigación sobre las condiciones laborales de los empleados contratados durante el Gran Premio de Fórmula 1, celebrado el pasado fin de semana en el circuito Madring de la capital.

La chispa la encendió el testimonio de una trabajadora contratada como camarera a través de una empresa de trabajo temporal, quien denunció públicamente jornadas de hasta 17 horas, pausas para comer de menos de 20 minutos y una remuneración de apenas ocho euros por hora, por debajo del salario mínimo interprofesional vigente.
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, anunció que su formación registrará una petición ante la Junta Rectora de Ifema para que se ponga en marcha «de forma inmediata» una auditoría de todas las contrataciones laborales realizadas durante el evento, tanto las realizadas bajo el paraguas de la institución ferial como las vinculadas directamente a la organización del campeonato.
Maestre fue especialmente dura en sus declaraciones y aseguró que algunos trabajadores tuvieron que fregar las instalaciones con hielo derretido ante la falta de agua corriente, y que lo ocurrido en el Gran Premio representa «la brecha cada vez más grande» entre dos Madrids: el de los palcos VIP con entradas a 4.000 euros y el de los empleados que cobran salarios de miseria.
Por su parte, Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Consistorio, fue un paso más allá y reclamó la intervención directa de la Inspección de Trabajo, señalando que las condiciones denunciadas son manifiestamente ilegales y no pueden quedar sin consecuencias.
Maroto también apuntó directamente al alcalde José Luis Martínez-Almeida, recordando que el Ayuntamiento de Madrid participa en Ifema y que el regidor estuvo presente en los palcos VIP durante la celebración del evento. «Espero que el señor Almeida no se quede de perfil», afirmó la socialista, exigiendo que el alcalde dé explicaciones sobre lo ocurrido.
La polémica llega justo cuando el Gran Premio de Madrid ha generado un intenso debate ciudadano sobre el uso de recursos públicos en eventos de lujo, mientras una parte de los trabajadores que los sostienen no ven garantizados sus derechos laborales más básicos.
Desde el Ayuntamiento de Madrid aún no se ha producido una respuesta oficial a las demandas de la oposición.
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