La Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que prorroga el sistema de distribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Con este movimiento, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso eleva a seis los procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno central por esta misma cuestión.
El recurso contencioso-administrativo fue registrado el pasado 1 de septiembre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y ya ha sido admitido a trámite por el Alto Tribunal. Así lo confirmó el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles.
El decreto impugnado, el real decreto 556/2026, fue aprobado en junio de este año y extiende el mecanismo de traslados obligatorios de menores llegados a España hacia los sistemas de protección autonómicos. Desde Madrid consideran que esta norma invade competencias exclusivas de las comunidades y que el sistema de acogida regional ya está «absolutamente desbordado».
García Martín fue contundente en sus declaraciones. Según el portavoz del Ejecutivo madrileño, las decisiones del Gobierno central en esta materia son «totalmente ideológicas y torticeras» y exigió que sea el Gobierno de Pedro Sánchez quien controle las fronteras en lugar de trasladar la responsabilidad a las comunidades.
«Lo que tiene que hacer el Gobierno es poner fin a este caos migratorio y no tratar a las comunidades como las que deben atender un problema que el propio Gobierno está generando», subrayó el consejero.
El primero de los seis procedimientos fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que estableció el marco inicial de redistribución. Los siguientes recursos se presentaron ante el Supremo y cuestionaron los sistemas de reubicación, los traslados y los límites máximos de acogida por territorio.
En esta última impugnación, la Abogacía de la Comunidad ha optado por no solicitar medidas cautelares, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí lo hizo y el Alto Tribunal las rechazó.
La polémica en torno al reparto de menores no acompañados sigue siendo uno de los principales frentes de enfrentamiento entre el Gobierno autonómico madrileño y la Administración central, y todo apunta a que la vía judicial continuará siendo la herramienta elegida por Madrid para plantar cara a una política que considera injusta e inconstitucional.
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