El centro de acogida de menores no acompañados de Caminomorisco, en la provincia de Cáceres, vive días de tensión después de registrar dos altercados graves en menos de dos semanas. La situación ha obligado a la Junta de Extremadura a ampliar de nuevo el dispositivo de seguridad en las instalaciones.
El último incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado 31 de julio, cuando una pelea entre usuarios del centro requirió la intervención de dos patrullas de la Guardia Civil. Una trabajadora del centro tuvo que ser atendida por un cuadro de ansiedad y posteriormente interpuso una denuncia por los hechos.
No es un caso aislado. Apenas ocho días antes, el 23 de julio, el propio centro ya había vivido otro episodio de altercados y peleas entre los jóvenes acogidos, con amenazas al personal incluidas. En aquella ocasión fue la propia Administración autonómica quien presentó una denuncia ante la Policía Nacional.
Tras aquel primer incidente, la Junta pasó de contar con un vigilante de seguridad a disponer de dos. Ahora, después del nuevo altercado, se ha decidido incorporar un tercer empleado, de modo que el centro contará de forma permanente con tres personas dedicadas exclusivamente a labores de seguridad.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, fue quien anunció estas medidas junto al director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández. Además del refuerzo propio, el consejero ha remitido una carta formal al responsable de la Guardia Civil en la provincia de Cáceres solicitando que se intensifique la vigilancia en el entorno del centro como medida disuasoria ante lo que él mismo describió como altercados que «se están produciendo de manera habitual».
La situación en Caminomorisco refleja una problemática creciente en los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en toda España, donde la falta de recursos y la presión asistencial generan con frecuencia episodios de tensión que afectan tanto a los propios jóvenes como al personal que trabaja con ellos.
Por el momento, las autoridades extremeñas confían en que la combinación de más vigilancia interna y mayor presencia policial en el exterior sea suficiente para garantizar la seguridad de trabajadores y menores mientras se buscan soluciones de fondo.
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