La Policía Nacional de Salamanca ha propuesto para sanción a un trabajador de una asesoría local tras descubrir que había registrado de forma fraudulenta a nueve ciudadanos extranjeros en el padrón municipal, utilizando la dirección de su propio despacho para eludir las consecuencias de la Ley de Extranjería.
El caso salió a la luz durante una inspección rutinaria en un local nocturno de la capital salmantina. Los agentes detectaron a un ciudadano extranjero en situación irregular y, al tirar del hilo, comprobaron que figuraba empadronado en las instalaciones de una asesoría. La investigación posterior reveló que hasta ocho personas más constaban inscritas en ese mismo domicilio de manera indebida.
El responsable, cuando fue interrogado por los funcionarios, admitió que al menos uno de los empadronamientos lo realizó como un favor personal. Su objetivo era proteger a la hermana de ese ciudadano, quien había tramitado una Carta de Invitación a su nombre. Este documento oficial, emitido por la Policía Nacional, hace responsable legal al anfitrión de que su invitado abandone España al término del periodo autorizado de estancia. Si el visitante se queda, el firmante puede enfrentarse a una sanción administrativa. Para evitarla, el asesor optó por el empadronamiento irregular.
Pero el asunto no se quedó ahí. En otra ocasión, el mismo trabajador tramitó solicitudes de permisos de residencia para varios empleados de un negocio de hostelería de la ciudad, empadronándolos también de forma fraudulenta en su local. Con ello se pretendía que los trabajadores y su empleador no aparecieran registrados en el mismo domicilio, ocultando así una posible irregularidad ante las autoridades.
Todos los trámites ilegales se llevaron a cabo a través de la plataforma MERCURIO, un sistema digital de la Administración Pública española que permite gestionar trámites de extranjería de forma telemática. El asesor contaba con acceso autorizado a dicha herramienta, lo que le facilitó actuar sin necesidad de desplazarse a ninguna oficina presencial.
Las propuestas de sanción han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, organismo competente para resolver este tipo de expedientes. El caso pone de manifiesto el uso indebido de herramientas administrativas pensadas para agilizar los procesos, y que en este caso sirvieron para todo lo contrario: para falsear la realidad documental de casi una decena de personas.
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