El caso del pozo ilegal que abastece al hotel Cap Menorca en Llucalari ha llegado al Parlament balear con una denuncia del PSOE que pone en evidencia las contradicciones en la gestión del agua en la isla.
La diputada socialista Carol Marquès ha interpelado al conseller del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por haber concedido al establecimiento turístico una nueva autorización temporal para seguir extrayendo agua durante un año, y todo ello antes incluso de que concluyera el expediente sancionador abierto contra la empresa.
El pozo fue clausurado el 1 de diciembre de 2025 tras ser descubierta la irregularidad por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Sin embargo, apenas cuatro meses después, el 10 de abril de 2026, el Govern ya había concedido una nueva autorización de extracción. La sanción impuesta a la empresa del hotel fue de 5.700 euros, calificada como infracción leve.
«Trece días antes de sancionarlos ya les habían vuelto a abrir el grifo», denunció Marquès en el pleno, cuestionando cómo un establecimiento que actuaba de forma ilegal puede obtener un nuevo permiso en tan poco tiempo, mientras otros particulares esperan años para conseguir una autorización similar.
La diputada también ha señalado la ubicación del pozo como otro motivo de alarma. El sondeo se encuentra a tan solo 325 metros del mar, por debajo de los 500 metros que exige el Plan Hidrológico de Menorca cuando existe conexión hidráulica con el agua marina, precisamente para evitar el riesgo de intrusión salina. Según Marquès, no existe ninguna excepción que justifique la autorización en este caso.
El contraste resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el municipio de Alaior lleva semanas con restricciones de agua para sus vecinos, mientras el hotel, que dispone de 17 piscinas, sigue operando con normalidad.
El conseller Lafuente ha defendido que la sanción se estableció con criterios técnicos y ha subrayado que el pozo fue excavado originalmente en 1971 por el Ministerio de Defensa. También ha asegurado que el agua extraída se sitúa por encima del nivel del mar y que existen informes técnicos que avalan la autorización provisional.
En un giro político, Lafuente recordó que el hotel recibió una subvención cercana al millón de euros del Gobierno central y aprovechó para recriminar al PSOE su silencio ante las irregularidades en la gestión del agua en Ciutadella.
Para la oposición socialista, sin embargo, el caso de Llucalari refleja un trato de favor injustificable en un contexto de escasez hídrica que golpea a los ciudadanos de a pie.
Más noticias de Menorca
Cuatro caballos de una finca de Maó dan positivo al virus del Nilo Occidental en el primer foco de 2026 en Balears
Menorca despide el verano con el agua contaminada, sin vivienda asequible y la política sin respuestas
Un menor denuncia al vigilante de un hotel de Cala Galdana que le vendía droga y logra su detención