Un juez obliga al Ayuntamiento de Santander a abrir el arco de Faro Santander antes de su inauguración

Un juzgado ha dado la razón a Izquierda Unida y ha ordenado la reapertura provisional al tráfico rodado del paso bajo el arco del edificio Faro Santander, cerrado desde hace semanas con motivo de las obras de rehabilitación de la antigua sede del Banco Santander, que se convertirá en un gran centro cultural con los fondos artísticos de la entidad.

Un juez obliga al Ayuntamiento de Santander a abrir el arco de Faro Santander antes de su inauguración

El auto, conocido este jueves 3 de septiembre, admite las medidas cautelares solicitadas por la formación liderada por Keruin Martínez y establece que, mientras no exista una resolución firme que ponga fin al procedimiento principal, deberán poder circular bajo el arco los autobuses de la línea 5C2 del TUS, los taxis, los residentes, los vehículos sanitarios y los de reparto de mercancías.

El portavoz de IU se ha mostrado satisfecho con la resolución, aunque ha matizado que no están contentos. «Nos resulta bastante incómodo tener que judicializar la política», ha señalado Martínez, quien también ha pedido que la apertura sea inmediata y anterior a la inauguración de Faro Santander, prevista para el próximo lunes 7 de septiembre.

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El juez no solo estima la petición cautelar, sino que va más lejos y señala que el Ayuntamiento incurrió en una vía de hecho. Toda la documentación aportada por el consistorio para justificar el cierre era posterior a que el paso ya hubiera sido clausurado, lo que significa, en palabras del auto, que se consumó un hecho y después se intentó legalizar.

El Ayuntamiento había defendido que el vial no estaba cerrado, sino configurado como espacio de uso compartido y restringido, amparado en un reformado aprobado el 12 de agosto. El juez rechaza este argumento al señalar que dicha resolución no recoge expresamente ningún cambio en la configuración del viario público y que, además, llegó cuando la situación ya estaba materialmente consumada.

El consistorio también deberá abonar las costas del procedimiento, fijadas en 150 euros. La resolución puede ser recurrida en un plazo máximo de quince días.

La apertura de Faro Santander, uno de los proyectos culturales más esperados de la ciudad, arranca así envuelta en polémica judicial, con el Ayuntamiento en el punto de mira por haber actuado, según el juez, sin cobertura administrativa alguna para cerrar un bien de uso público.