Valverde de la Virgen está en el centro de una nueva polémica política. Un militante socialista del municipio ha presentado dos quejas formales ante el Procurador del Común de Castilla y León contra el equipo de Gobierno local, al que acusa de incumplir sus obligaciones legales en materia de transparencia y de no registrar en audio las sesiones plenarias.
Marcos Reguera, el vecino que ha impulsado las denuncias, asegura que tras revisar la documentación publicada por el consistorio ha encontrado un patrón preocupante de irregularidades que, en su opinión, impiden a la ciudadanía conocer qué se decide, quién lo decide y cuánto dinero público se compromete en cada acuerdo.
La primera queja apunta directamente al portal de transparencia del ayuntamiento. Según Reguera, la información aparece dispersa, incompleta y con contradicciones. Entre los problemas detectados señala ausencia de actas ordenadas, expedientes urbanísticos con referencias contradictorias, pliegos de contratación con condiciones incompatibles e incluso documentos que exponen datos personales sensibles, como números de DNI completos.
La segunda denuncia atañe al incumplimiento de una obligación legal concreta. Valverde de la Virgen supera los 5.000 habitantes, por lo que la normativa autonómica obliga al ayuntamiento a grabar en audio todas sus sesiones plenarias. Según el denunciante, eso no se está haciendo, lo que impide verificar intervenciones, votaciones y responsabilidades políticas de cada pleno.
Reguera ha pedido al Procurador del Común que aclare por qué no se graban los plenos, desde cuándo se incumple esta obligación y qué mecanismo existe para que los concejales puedan obtener copias de las sesiones.
El militante socialista ha querido desmarcar sus quejas de cualquier acusación penal. «No estoy imputando delitos», ha subrayado, «estoy denunciando hechos concretos, reclamando explicaciones y exigiendo que se cumplan las obligaciones legales de publicidad, archivo y rendición de cuentas».
Entre sus exigencias al equipo de Gobierno figura la grabación sistemática de todos los plenos, el archivo mínimo de tres meses, la entrega de copias a los concejales que las soliciten, la corrección de los expedientes contradictorios y la retirada de documentos que vulneren la protección de datos.
El asunto queda ahora en manos del Procurador del Común, figura equivalente al Defensor del Pueblo en Castilla y León, que deberá evaluar si las prácticas del consistorio se ajustan o no a la legalidad vigente.
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