El Ayuntamiento de València podrá seguir adelante con la adjudicación del contrato de teleasistencia avanzada después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales fallara a su favor y levantara la suspensión cautelar que bloqueaba el proceso desde el pasado mes de mayo.
El contrato, dotado con un presupuesto base de 12 millones de euros que puede alcanzar los 22 millones si se ejecutan las prórrogas, tiene una duración inicial de tres años con dos posibles ampliaciones anuales. Su objetivo principal es renovar y ampliar un servicio esencial para los vecinos y vecinas más vulnerables de la ciudad.
La novedad más destacada es el salto en el número de beneficiarios. Mientras que el anterior contrato, finalizado el pasado 30 de junio, atendía a 6.488 personas, el nuevo acuerdo prevé dar cobertura a hasta 12.000 usuarios, prácticamente el doble.
El bloqueo arrancó el 22 de abril, cuando la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, conocida como ASADE, impugnó los pliegos técnicos del concurso. La patronal consideraba que la exigencia de que la empresa ganadora contara con un centro de atención principal físico en el término municipal de València suponía un requisito desproporcionado que favorecía a empresas locales y limitaba la competencia.
El tribunal decretó la paralización cautelar del proceso el 7 de mayo, pero en su resolución final del 2 de septiembre dio la razón al consistorio. El fallo concluye que la cláusula cuestionada no actúa como un filtro de selección ni otorga puntos en la valoración de ofertas, sino que se trata de un compromiso de medios exigible únicamente a la empresa que resulte adjudicataria, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
El tribunal también destacó la naturaleza especial de este servicio. La teleasistencia avanzada no es solo una línea telefónica de emergencias: incluye el despliegue de unidades móviles y la coordinación directa con los Centros Municipales de Servicios Sociales, lo que hace imprescindible contar con una sede operativa en la propia ciudad.
Con la suspensión levantada, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento retoma el análisis de las tres ofertas recibidas, presentadas por las empresas Clece, Atienza y Quavitae, tres de los grandes operadores del sector sociosanitario en España.
La decisión supone un alivio para los miles de mayores y personas en situación de vulnerabilidad que esperan la continuidad y ampliación de un servicio que, desde que venció el contrato anterior, permanece en prórroga.
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