El Ayuntamiento de Valladolid, la empresa municipal de vivienda VIVA y la Cámara de la Propiedad Urbana han sellado un nuevo convenio de colaboración para reforzar la atención a vecinos en materia de arrendamiento y prevenir conflictos relacionados con el uso de inmuebles en la ciudad.
El acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años, fue firmado este lunes en un acto en el que participaron el alcalde, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia, Pablo Ferreras, y su director, Óscar Rodríguez.
El convenio busca ofrecer un servicio «más cercano y especializado» tanto a propietarios como a arrendadores e inquilinos que necesiten orientación sobre contratos de arrendamiento, depósitos de fianza o las obligaciones que marca la normativa vigente. Para ello, los vecinos podrán acudir en persona a la oficina ubicada en la cuarta planta de plaza España, número 13, o llamar al teléfono 983472307.
Carnero subrayó que la vivienda es «uno de los asuntos que más preocupan a este equipo de gobierno» y destacó que el asesoramiento es «una herramienta fundamental» para prevenir conflictos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales.
Además del servicio de atención directa al ciudadano, la Cámara de la Propiedad Urbana aportará sus datos estadísticos para alimentar el Observatorio Municipal de Vivienda, lo que permitirá obtener, según el alcalde, una «radiografía» real del mercado inmobiliario en Valladolid. También se organizarán jornadas, encuentros y actividades dirigidas tanto a profesionales del sector como a la ciudadanía en general.
En cuanto a la okupación, Carnero reconoció que seis de las aproximadamente 500 viviendas integradas en el parque público de VIVA están actualmente afectadas por esta problemática. El Ayuntamiento ya aplica medidas disuasorias, entre ellas la exclusión durante cinco años de la bolsa municipal de vivienda a quienes protagonicen este tipo de ocupaciones.
El nuevo convenio se enmarca en la apuesta del consistorio por impulsar políticas públicas que protejan los derechos de todas las partes implicadas en el mercado del alquiler y faciliten el acceso a una vivienda digna en la ciudad.