El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz da un paso histórico en la protección de los animales de compañía. La ciudad actualizará su ordenanza de tenencia responsable, vigente desde 2013 y ampliamente superada por los estándares actuales, con un endurecimiento drástico de las sanciones que puede llegar a los 100.000 euros en los casos más graves.
La modificación recibió el visto bueno mayoritario este martes en comisión, tras aceptarse 32 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Solo Elkarrekin Podemos se abstuvo y llevará al Pleno del 25 de septiembre otras 70 propuestas que no fueron aceptadas.
El cambio más llamativo afecta a las infracciones muy graves, como provocar la muerte de un animal o causarle secuelas permanentes. La multa máxima salta de los ridículos 3.000 euros actuales a 100.000. Las infracciones graves, entre las que se encuentra mantener a un animal atado de forma permanente, pasarán del tope de 1.500 euros a 10.000. Y las leves, que antes no superaban los 750 euros, podrán alcanzar los 3.000.
La norma también incorpora novedades cotidianas que afectan a muchos propietarios de mascotas. No limpiar los orines del animal en la vía pública costará 200 euros, igual que no recoger los excrementos, multa que hasta ahora era de solo 90 euros. Pasear al perro sin seguro de responsabilidad civil se sancionará con 501 euros.
Entre las enmiendas aprobadas destacan propuestas del PP para instalar bebederos para animales en parques y publicar una memoria anual del Centro de Protección Animal. Bildu consiguió que se apruebe un seguimiento de las adopciones durante el periodo de adaptación y un censo municipal de colonias felinas. Además, quedará prohibida la cría entre particulares sin inscripción en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.
Elkarrekin Podemos quiso ir más lejos y propuso sanciones de hasta 200.000 euros, pero la petición fue rechazada. La concejala de Bienestar Social, Ana López de Uralde, explicó que los importes fijados son los que establece la ley vasca.
La ordenanza llegará al Pleno municipal el próximo 25 de septiembre para su aprobación inicial. Tras ello se abrirá un periodo de alegaciones ciudadanas y, si el proceso avanza sin contratiempos, la norma quedará aprobada de forma definitiva a principios de 2027.
Los grupos que respaldaron el texto la han calificado de ordenanza nacida del consenso y el diálogo, algo poco habitual en el debate político local.
