Los colegios profesionales de médicos y psicólogos de las Illes Balears admiten que combatir el avance de las pseudoterapias entre sus propios colegiados resulta enormemente complicado, principalmente porque no existe un marco normativo claro que prohíba estas prácticas de forma expresa.
El Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears (COMIB) se muestra rotundo en su postura. Su presidente, Carles Recasens, asegura que cuando se detecta un caso, el colegio investiga, solicita explicaciones al facultativo implicado y puede llegar a imponerle sanciones. El límite, según Recasens, lo marca la evidencia científica, y quienes no lo respetan deben rendir cuentas. La medida más grave que puede tomar la institución es la retirada de la colegiación, requisito imprescindible para ejercer la medicina de forma legal. Ya existe un precedente: la doctora Nadiya Popel fue expulsada por tratar a pacientes con técnicas pseudocientíficas.
La situación es aún más delicada en el ámbito de la psicología. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de las Illes Balears (COPIB), la profesional Coral Mínguez explica que actuar contra un colegiado que emplea pseudoterapias es muy difícil si no existe una denuncia previa de un paciente que se haya sentido perjudicado. La ausencia de una norma que regule o prohíba estos métodos deja a la institución con escaso margen de maniobra.
A ello se suma otro problema de fondo: si un profesional no se anuncia como psicólogo, sino simplemente como terapeuta, el colegio no puede intervenir. Y es que la figura del psicoterapeuta no está regulada de manera independiente en España, lo que abre una puerta que muchos aprovechan para ofrecer servicios de dudosa validez científica, como las Constelaciones Familiares.
Mínguez advierte además de un riesgo especialmente preocupante: el paciente ve el número de colegiado del profesional y confía ciegamente en el tratamiento, sin saber si cuenta o no con respaldo científico. Esa falsa sensación de seguridad puede llevar a rechazar terapias realmente efectivas en favor de métodos sin ningún aval.
Tanto el COMIB como el COPIB coinciden en que la respuesta más eficaz, mientras el vacío legal persista, pasa por la información y la concienciación ciudadana. Reconocen que los casos no crecen, pero tampoco disminuyen, y se muestran comprometidos en seguir trabajando para proteger a la población de unas prácticas que, en los casos más extremos, pueden suponer un riesgo real para la salud.
