La batalla política entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Igualdad ha escalado esta semana con un cruce de acusaciones directo entre el alcalde Jesús Julio Carnero y la ministra Ana Redondo. El detonante es el cambio en los criterios de acceso a las ayudas de vivienda de VIVA, que ahora hablan de «violencia doméstica» en lugar de «violencia de género», una modificación que ha encendido la polémica en la ciudad.
Carnero aprovechó una rueda de prensa en el Consistorio para ir a la ofensiva y retar a la ministra a que, si quiere «revertir» la situación, empiece por los fondos que envía a Valladolid. Según el alcalde, el dinero que llega desde el Ministerio por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha caído de forma sostenida en los últimos años. Las cifras que manejó son concretas: de 131.434 euros en 2023 se ha pasado a una previsión de 114.735 euros para 2026, lo que representa una reducción acumulada del 17%.
«Espero que el Ministerio de Igualdad revierta estas cantidades y las aumente», afirmó Carnero, quien también defendió que el nuevo protocolo municipal sigue protegiendo a las víctimas y que ha reducido los tiempos de tramitación de expedientes de un año a solo tres meses.
La respuesta de Redondo no tardó en llegar. La ministra rechazó los datos aportados por el regidor y aseguró que los recursos del Pacto de Estado se han incrementado en 20 millones de euros mediante real decreto. Además, le pidió a Carnero que «deje de faltar a la verdad y se informe mejor», y no dudó en añadir con ironía que «es lo que tiene ser alcalde a media jornada».
Redondo fue más lejos y vinculó la política municipal con el «negacionismo de Vox», acusando al equipo de gobierno de haber eliminado la concejalía de Igualdad y de haber reducido «prácticamente a la mitad» el apoyo a las víctimas. La ministra anunció además que exigirá una rectificación formal al Ayuntamiento.
El choque deja en el centro del debate a las mujeres vallisoletanas que buscan en una vivienda una salida a situaciones de violencia. Mientras los dos lados se acusan mutuamente de manipular los datos, la pregunta que queda en el aire es si este enfrentamiento político acaba afectando a quienes más necesitan esas ayudas.
