Izquierda Unida ha dado un ultimátum al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander: tiene tres días naturales para acatar el auto judicial que ordena restablecer de forma provisional el tráfico bajo el arco de Faro Santander, en el Paseo Pereda. Si no lo hace, la formación llevará el asunto directamente ante el juzgado.
La medida cautelar dictada por el juez es clara y concreta. La resolución ordena permitir el paso por ese vial a la línea 5C2 del servicio de autobuses urbanos TUS, taxis, residentes de la zona, vehículos sanitarios y de reparto de mercancías. No hay margen para la interpretación, según denuncia el concejal de IU en Santander, Keruin Martínez.
Sin embargo, el Ayuntamiento respondió con un comunicado en el que aseguraba que no puede restablecer el tráfico antes del 20 de septiembre. Además, anunció su intención de tramitar un expediente para solicitar ante el juzgado que se levante la medida cautelar, y que mientras tanto únicamente permitirá el paso de vehículos de emergencias.
Martínez no tardó en reaccionar y dejó claro que el consistorio «no puede sustituir la medida que ha ordenado el juez por la que al PP le gustaría aplicar». A su juicio, la postura municipal supone ignorar una resolución judicial de forma deliberada.
«El juez lo enumera uno por uno y la respuesta del PP es anunciar que mantendrá la situación actual hasta el día 20», ha denunciado el edil, que califica de inaceptable que el gobierno local decida por su cuenta qué vehículos pueden o no circular por un vial cuya apertura ha sido ordenada por un tribunal.
La polémica en torno al arco de Faro Santander lleva tiempo siendo motivo de tensión política en la ciudad. La zona del Paseo Pereda concentra un intenso debate sobre movilidad urbana, accesibilidad y uso del espacio público, en el que vecinos, comerciantes y grupos políticos sostienen posiciones muy distintas.
Ahora, con una resolución judicial de por medio, el conflicto adquiere una dimensión legal que el PP deberá gestionar en un plazo muy corto. IU ha dejado claro que no retirará la presión y que, de no cumplirse el auto en el plazo fijado, trasladará la situación al juzgado para que sea este quien exija su cumplimiento.
Los próximos días serán determinantes para saber si el Ayuntamiento rectifica su posición o si el asunto termina resolviéndose de nuevo en sede judicial.
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