Los compradores de entradas del cancelado Menorca Music Festival empiezan a recuperar su dinero tras días de incertidumbre, protestas y amenazas de denuncia colectiva.
La plataforma de afectados, que se constituyó el jueves a través de un perfil de Instagram y un grupo de WhatsApp, ha logrado que sus reclamaciones empiecen a tener respuesta. La tiquetera Ingresse, encargada de gestionar la venta de las entradas del festival, anunció el viernes por la tarde que ese mismo día se iniciaría el proceso de devolución del importe abonado por los asistentes.
Y la promesa está cumpliéndose, al menos en parte. Varios miembros del grupo de afectados han comenzado a recibir notificaciones de sus entidades bancarias confirmando que el reembolso está en curso. Algunos incluso han visto ya el dinero reflejado directamente en sus cuentas.
Desde Ingresse, la empresa recuerda en sus comunicaciones que el importe puede tardar entre 5 y 10 días hábiles en aparecer en el extracto de la tarjeta o cuenta bancaria, dependiendo de los plazos de tramitación de cada banco.
La noticia llega como un alivio para cientos de personas que habían adquirido sus entradas con ilusión y que vieron cómo el festival se cancelaba sin apenas explicaciones previas. La indignación llevó a los afectados a organizarse rápidamente en redes sociales y a valorar emprender acciones legales colectivas contra los organizadores.
La presión de los consumidores ha resultado ser, en este caso, una herramienta eficaz. La movilización en apenas horas a través de canales digitales logró lo que muchos dudaban que fuera posible en tan poco tiempo: poner en marcha la maquinaria de los reembolsos.
Aun así, los afectados que todavía no han recibido ninguna notificación deberán mantenerse atentos durante los próximos días, ya que el proceso parece estar realizándose de forma progresiva y no de manera simultánea para todos los compradores.
El episodio deja una lección clara sobre el poder de la organización ciudadana ante situaciones de abuso o desamparo en el ámbito del ocio y la cultura, y reabre el debate sobre las garantías que deben ofrecer tanto organizadores de eventos como plataformas de venta de entradas a los consumidores.
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