El conflicto en torno a la peatonalización de la Plaça des Born de Ciutadella ha dado un nuevo giro este lunes, y ya no solo se libra en los tribunales. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, ha lanzado una dura acusación contra el gobierno municipal tripartito, al que responsabiliza de haber roto la convivencia ciudadana con su gestión del conflicto.
El detonante ha sido un incidente ocurrido el pasado viernes por la tarde en una tienda de Ses Voltes, propiedad de uno de los empresarios que llevó el caso a los tribunales y que logró una sentencia que obliga al ayuntamiento a revertir la peatonalización de la plaza.
Tres hombres, visiblemente alterados, irrumpieron en el local, intimidaron a la dependienta y la grabaron con el teléfono móvil en un episodio que ha generado una gran alarma entre comerciantes y vecinos de la ciudad.
Para Pons Torres, lo ocurrido no es un hecho aislado. La representante popular apunta directamente al gobierno local como responsable del clima que ha hecho posible este tipo de actuaciones. «Es muy grave que los partidos que gobiernan acusen y culpen a unos ciudadanos que simplemente han ejercido su derecho de defensa. Es una línea que no debería haberse cruzado nunca», ha declarado la portavoz.
Desde el PP consideran que el tripartito ha optado por «señalar a ciudadanos y dividir a la sociedad entre buenos y malos» como estrategia para intentar capear el golpe judicial que supone la obligación de deshacer la peatonalización de Es Born, uno de los proyectos estrella del gobierno municipal.
Frente a esta situación, Pons Torres ha reclamado al ejecutivo local que cambie de rumbo y apueste por «restablecer el diálogo» como única vía para gestionar un conflicto que, lejos de calmarse, parece escalar con el paso de los días.
El asunto de Es Born lleva meses dividiendo a comerciantes, vecinos y fuerzas políticas de Ciutadella. La sentencia judicial que obliga a devolver el tráfico a la plaza ha reabierto heridas y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre cómo debe gestionarse el corazón histórico de la ciudad.
Lo que hasta ahora era una disputa jurídica y urbanística empieza a tener consecuencias en la calle, y los populares advierten de que la responsabilidad de lo que ocurra recae directamente sobre quienes gobiernan.
