Baleares recorta en casi un 20% la lista de espera de dependencia mientras el Estado sigue sin cumplir su parte

Las islas Baleares han logrado reducir de forma notable el número de personas en espera para recibir atención a la dependencia. Así lo ha dado a conocer este martes la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, que ha presentado el primer balance del Plan de Choque puesto en marcha hace un año.

Baleares recorta en casi un 20% la lista de espera de dependencia mientras el Estado sigue sin cumplir su parte

En concreto, la lista de espera en dependencia ha bajado un 19,3 % en tres años. En mayo de 2023 eran 7.598 las personas aguardando resolución o plan individual de atención. En agosto de 2026 esa cifra se ha reducido a 6.131.

El dato es especialmente relevante porque se ha logrado con un volumen de solicitudes mucho mayor: se han pasado de 41.760 peticiones en 2023 a más de 51.800 en la actualidad, un incremento del 24 %. A pesar de ello, las resoluciones han crecido un 30 %, superando las 50.000.

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El tiempo medio de espera para obtener una resolución ha bajado de 222 días a 192, situando a las islas a solo doce días del límite legal de 180 días que marca la normativa. La media nacional se encuentra actualmente en 309 días, lo que coloca a Baleares en una posición notablemente mejor que el conjunto del Estado.

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En materia de discapacidad, los avances también son significativos. Las resoluciones se han multiplicado por casi tres, pasando de poco más de 5.000 a cerca de 14.500. El tiempo de espera se ha recortado a la mitad, de catorce meses a ocho, y la lista de pendientes ha disminuido un 32 %, de 13.198 personas en 2025 a 8.950 en el momento actual.

Para sostener estos resultados, el presupuesto destinado a dependencia y discapacidad ha crecido un 32 % durante la legislatura y alcanza en 2026 los 321 millones de euros. El nuevo Plan de Choque contempla además la creación de 693 nuevas plazas y una inversión de 82,3 millones.

Sin embargo, Fernández no ha ocultado su malestar con la administración central. La aportación del Gobierno español no llega al 18 % del coste real de la dependencia, muy lejos del 50 % que le corresponde por ley. «La financiación la está poniendo este Govern», subrayó la consellera.

Los datos apuntan a una mejora real para muchas familias de las islas, aunque desde el Govern advierten que queda camino por recorrer y que el compromiso es seguir reduciendo tiempos hasta alcanzar unos niveles verdaderamente dignos de atención.