Dos infraestructuras públicas de Menorca acumulan problemas graves por fallos técnicos no detectados a tiempo, generando retrasos, sobrecostes y una creciente demanda de rendición de cuentas.
La reconstrucción del polideportivo Sant Joan, ubicado junto al IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, ha tenido que detenerse en mitad de las obras después de descubrirse que el proyecto original presentaba errores de cálculo significativos.
Los trabajos, impulsados por la Conselleria de Educació, arrancaron con la previsión de reutilizar parte de la estructura metálica existente. Sin embargo, al comenzar el desmontaje, quedó al descubierto que dicha estructura se encontraba en un estado de deterioro mucho mayor del estimado y no ofrecía las garantías mínimas de seguridad necesarias.
El resultado es que el proyecto inicial ha quedado invalidado. La Conselleria se ha visto obligada a contratar a un ingeniero calculista especializado para analizar la situación y redactar un nuevo proyecto desde cero, lo que implica una demora considerable en la recuperación de este equipamiento deportivo para los vecinos de Ciutadella.
El caso del polideportivo no es el único que preocupa. En Maó, el antiguo hospital Verge del Toro también ha dado la voz de alarma. Allí han aflorado deficiencias estructurales de carácter grave que no fueron identificadas en las fases previas del proyecto, lo que plantea interrogantes serios sobre la rigurosidad de los estudios técnicos realizados en su momento.
Ambos casos comparten un denominador común: fallos en la evaluación inicial que ahora generan consecuencias directas sobre el patrimonio público y sobre los ciudadanos que dependen de esos servicios.
Ante esta situación, desde distintos sectores se reclama que las instituciones responsables, el Ibisec en el caso del polideportivo y el IbSalut en el del antiguo hospital, exijan explicaciones formales a los técnicos que firmaron los proyectos y depuren las responsabilidades que correspondan.
La ciudadanía merece saber quién falló, por qué se produjeron esos errores y qué medidas se adoptarán para que situaciones similares no vuelvan a repetirse en obras financiadas con dinero público.
La transparencia y la exigencia de responsabilidades no son opcionales cuando el coste lo pagan todos.
