El consistorio valenciano tendrá que reintegrar al Ministerio de Transportes 1,52 millones de euros procedentes de fondos europeos que quedaron sin ejecutar tras el fracaso estrepitoso de una aplicación de movilidad que nunca llegó a funcionar. La aprobación del trámite se produjo en una Junta de Gobierno extraordinaria este miércoles.
El origen del problema se remonta a enero de 2023, cuando la Empresa Municipal de Transportes (EMT) adjudicó a la empresa tecnológica Indra Sistemas un contrato por valor de 11,6 millones de euros para desarrollar una plataforma digital de transporte compartida entre seis ciudades españolas: València, Valladolid, Vitoria, Logroño, Fuenlabrada y Gijón, dentro del proyecto denominado Ciudades Conectadas.
El programa contaba con una subvención total de casi 25 millones de euros del Gobierno central, de los cuales 12,7 millones correspondían a la EMT valenciana. Sin embargo, el proyecto acabó convirtiéndose en un auténtico desastre técnico y económico.
A pesar de haber recibido ya 8,41 millones de euros en pagos mensuales, las auditorías revelaron que el software desarrollado por Indra presentaba una inestabilidad estructural grave, un margen de error del 25% y que nunca llegó a ponerse en marcha en el entorno real de producción. En la práctica, fue una app fantasma: se pagó, pero no existió.
Ante el incumplimiento, la EMT, ya bajo la gestión del gobierno de María José Català, frenó el pago de 1,5 millones adicionales previstos para licencias, impuso a Indra una penalización de más de un millón de euros y ejecutó el aval bancario de la compañía por 505.000 euros. Ese millón y medio congelado es precisamente el que ahora se devuelve al Ministerio.
En total, entre los seis municipios implicados, la devolución asciende a 2,86 millones de euros. El Ayuntamiento de Valladolid, que ejerce de coordinador del grupo, será el encargado de tramitar el ingreso ante la administración estatal.
Mientras tanto, la EMT no da por cerrado el conflicto. El consistorio ha llevado el caso a la vía mercantil para reclamar a Indra hasta nueve millones de euros. Para ello, contrató sin concurso público al bufete Andersen por un mínimo de 440.000 euros, una decisión que generó críticas de la oposición por la ausencia de competencia en la adjudicación.
No todo fueron pérdidas en el proyecto: algunas inversiones vinculadas a la subvención sí se materializaron, como el nuevo sistema de ayuda a la explotación de la flota de autobuses y los paneles informativos de tinta electrónica en las paradas. Un pequeño consuelo en medio de un escándalo que aún tiene mucho recorrido judicial.
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