La antigua hacienda Ibarburu, joya patrimonial del municipio sevillano de Dos Hermanas, suma un nuevo capítulo en su larga historia de abandono y deterioro. Durante el pasado mes de agosto, camiones procedentes de obras en el cercano polígono industrial Aceitunero descargaron cientos de montones de tierra y cascotes en todo el perímetro del inmueble, un bien de interés cultural (BIC) construido en torno a 1748 y que ya acumula episodios de expolio, incendio y derrumbe parcial.
La Asociación Salvemos la Hacienda Ibarburu ha registrado denuncias ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Seprona de la Guardia Civil, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía especializada en patrimonio histórico.
Según el colectivo, se trata de descargas masivas e incontroladas de residuos de construcción y demolición que están compactando directamente contra los muros y cerramientos históricos del edificio, agravando una ruina que ya preocupaba a los conservacionistas desde hace años. De hecho, el pasado año se cumplió el quinto aniversario de su inclusión en la lista roja de patrimonio en peligro de la asociación Hispania Nostra.
El daño no se limita a la estructura arquitectónica. La asociación advierte de que los vertidos también están contaminando tierras de cultivo en activo y los acuíferos subterráneos de la zona, lo que añade una dimensión medioambiental al problema y abre la puerta a posibles delitos contra el medio ambiente, además de los relacionados con el patrimonio histórico.
Entre las peticiones formuladas, el colectivo reclama al Ayuntamiento una orden de ejecución urgente para la retirada inmediata de los escombros y, si los responsables no actúan, que el propio consistorio lo haga por ejecución subsidiaria. A la Consejería de Cultura le piden la apertura de un expediente sancionador por infracción grave o muy grave y la paralización cautelar de nuevas descargas.
La propiedad de Ibarburu está repartida entre los herederos de la familia Pickman, una junta de compensación y la inmobiliaria Level. La asociación recuerda que, pese a tratarse de un bien privado, la ley andaluza de Patrimonio Histórico otorga a las administraciones públicas plena potestad para intervenir y exigir su conservación.
El caso de Ibarburu refleja la fragilidad del patrimonio histórico cuando la vigilancia institucional falla y los intereses urbanísticos se imponen en los alrededores de un enclave que debería estar protegido.
Más noticias de Sevilla
Sevilla, la gran capital que menos fondos europeos recibió por vecino frente a Málaga, Zaragoza y Valencia
Sevilla ejecuta casi 47 millones de fondos europeos para transformar su movilidad y sus calles
Cuatro detenidos en Alicante tras robar 50.000 euros en efectivo a una empresaria de Morón de la Frontera