El Ayuntamiento de Cabañas de Polendos ha logrado por fin llevar agua hasta el núcleo de Mata de Quintanar, una deuda pendiente que arrastraba desde hace años. Sin embargo, la solución no ha llegado de la mano de la Junta de Castilla y León, sino gracias al esfuerzo económico del propio municipio y al respaldo de los planes provinciales de inversiones de la Diputación de Segovia.
El alcalde, Javier Gómez, explica que tomó la decisión de prescindir de Somacyl, la sociedad pública dependiente del Ejecutivo regional, después de analizar lo que supondría económicamente para las arcas locales. «Nos salía más caro el collar que el perro», afirma sin rodeos.
Según detalla Gómez, la entidad le exigía una cuota inicial de 9.000 euros que, sumada a las subidas del IPC y los intereses a lo largo de 25 años, acabaría convirtiéndose en cerca de medio millón de euros. «¿Dónde va ese dinero?», se pregunta el regidor, quien no ve con claridad qué servicios reales presta Somacyl a cambio de esas cantidades.
El alcalde denuncia que la sociedad se aprovecha de la vulnerabilidad de los municipios pequeños. «Parece que te están haciendo un favor, pero lo que hacen es echarte la mano al cuello», señala. Asegura que prefirió no dejar esa carga económica a quienes vengan después de él y que la Junta, en definitiva, no ha puesto nada para resolver el problema del agua en su término.
Las dificultades no acaban ahí. Este verano, en apenas una semana se averiaron tres bombas: dos en Mata de Quintanar y una en el depósito de Cabañas de Polendos. Una situación especialmente complicada teniendo en cuenta que en temporada estival la población del municipio se multiplica por cuatro.
A ello se suma un problema añadido: el subsuelo de los pozos de Mata de Quintanar presenta niveles de arsénico. Para garantizar que el agua sea apta para el consumo, el Ayuntamiento mezcla ese caudal con el procedente de Cabañas de Polendos y ajusta así la concentración del contaminante hasta situarla dentro de los límites permitidos.
Gómez confía en que las averías quedarán solventadas en los próximos días. Mientras tanto, su experiencia pone sobre la mesa un debate que preocupa a muchos alcaldes de la España rural: cómo financiar infraestructuras básicas sin acabar atrapados en acuerdos que, a largo plazo, resultan inasumibles para municipios con presupuestos muy ajustados.
