Menorca lleva casi una década atrapada en una paradoja que golpea cada vez con más fuerza a sus vecinos: la isla crece en habitantes a un ritmo que el sector de la construcción es incapaz de seguir. Los datos del recién puesto en marcha Observatorio de la Vivienda del Govern de les Illes Balears lo dejan en negro sobre blanco.
Desde el año 2017, cuando arrancó el boom demográfico en la isla, Menorca ha sumado 10.624 nuevos habitantes, lo que supone un incremento del 11,6 por ciento de su población. Sin embargo, el parque de viviendas apenas ha crecido en 1.005 unidades durante ese mismo periodo, un exiguo aumento del 1,7 por ciento.
La traducción es sencilla y preocupante: se ha levantado menos de una vivienda por cada diez personas que han llegado a vivir a la isla.
Este desequilibrio no es un fenómeno nuevo ni repentino. Durante los primeros años del siglo, y hasta que estalló la crisis inmobiliaria, el ritmo de construcción en Menorca era suficiente para absorber el crecimiento de la población. Pero a partir de 2017, y con especial intensidad desde 2019, la llegada masiva de nuevos residentes coincidió con un sector constructor prácticamente paralizado, lo que ha ido acumulando un déficit de vivienda que ahora es muy difícil de revertir.
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad calcula que en el conjunto del archipiélago balear el déficit acumulado durante este siglo ronda las 17.000 viviendas. Una cifra estimativa, reconocen desde el Govern, que no refleja necesariamente la demanda real, pero que da una idea de la magnitud del problema.
A este panorama hay que sumarle otros factores que agravan la situación, como el elevado número de viviendas vacías o el peso de los pisos turísticos, que reducen aún más la oferta disponible para los residentes.
La presentación de este observatorio ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que muchos menorquines ya viven en su día a día: encontrar un alquiler asequible o acceder a una primera vivienda se ha convertido en una tarea casi imposible para una parte importante de la población, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios.
Los datos están ahí. Lo que resta por ver es si las administraciones serán capaces de traducirlos en medidas concretas antes de que la crisis habitacional lastre de forma irreversible el tejido social de la isla.
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