El Hogar del Transeúnte de Torrelavega opera ya con plena legalidad tras recibir la autorización del Gobierno de Cantabria, que tardó más de un año en llegar desde que el centro abrió sus puertas sin haber tramitado los permisos obligatorios.
El Gobierno regional confirmó hace unas semanas la concesión de la licencia, una vez completado el expediente y verificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Dirección General de Dependencia. El Ayuntamiento también ha saldado la multa de 18.000 euros que le fue impuesta por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales por haber puesto en marcha el recurso sin la preceptiva acreditación técnica.
El centro inició su actividad en marzo de 2025 atendiendo a personas sin hogar, pero sin haber obtenido previamente el visto bueno de la administración autonómica. La normativa exige que cualquier instalación de este tipo someta su organización y modelo de atención al control regional antes de comenzar a prestar servicio.
La irregularidad salió a la luz en julio del año pasado, cuando el Partido Popular denunció públicamente la situación. Desde el equipo de gobierno municipal se restó importancia al asunto, calificándolo de mero trámite administrativo, aunque la polémica dejó al descubierto también una confusión interna sobre qué concejalía debía asumir la tramitación del expediente. Finalmente fue Servicios Sociales quien se hizo cargo del proceso.
La apertura del procedimiento sancionador por parte del Gobierno de Cantabria y la posterior multa reavivaron las críticas de la oposición, que señaló que ese coste recaía directamente sobre los vecinos de Torrelavega.
A pesar de todo, el centro no interrumpió en ningún momento su actividad. Gestionado por la asociación Nueva Vida, el Hogar del Transeúnte ofrece alojamiento temporal, atención social y psicológica, comedor, duchas, lavandería y talleres de inclusión. En sus primeros nueve meses registró 660 estancias, con una media de ocho días por usuario. La mayoría de quienes lo utilizaron carecía de ingresos o percibía menos de 600 euros al mes.
El edificio, diseñado inicialmente para 30 plazas, tuvo que reducir su capacidad a 24 tras realizar adaptaciones exigidas por la normativa, otro punto que generó críticas desde la oposición.
Con la licencia concedida y la sanción pagada, el centro cierra por fin el largo expediente administrativo que arrastraba desde su inauguración y puede seguir atendiendo a las personas más vulnerables de la ciudad con el respaldo legal que nunca debió faltarle.
