La empresa pública Gestión de Infraestructuras Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la licitación de dos parcelas en la avenida Río Boladiez, en el barrio del Polígono de Toledo, donde se levantarán un total de 231 viviendas de precio tasado destinadas exclusivamente a cooperativas de viviendas ya constituidas.
Ambas parcelas salen a licitación por un importe global que supera los 4,2 millones de euros, y los futuros adjudicatarios tendrán un plazo máximo de cuatro años para culminar las obras a partir del momento en que se eleve a escritura pública la venta del suelo.
La primera de las dos parcelas, identificada como la número 53 de dicha avenida, se ubica en el número 64 y tiene capacidad para hasta 90 viviendas. Con una superficie de 2.640 metros cuadrados y cerca de 12.000 de edificabilidad, sale a licitación por algo más de 1,8 millones de euros.
La segunda parcela, conocida como RP-2, se sitúa en el número 2 de la misma avenida y permitirá construir hasta 141 viviendas. Su superficie es de 4.160 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 14.160, y se licita por casi 2,5 millones de euros.
Las empresas o cooperativas interesadas tienen de plazo hasta el 29 de septiembre de 2026 para presentar sus propuestas. Entre la documentación exigida figura el proyecto básico edificatorio junto con el plan de obra. A la hora de valorar las ofertas, el diseño de las viviendas y los espacios comunes podrá sumar hasta 45 puntos sobre 100, mientras que la reducción voluntaria del precio máximo de venta puede aportar hasta 30 puntos adicionales.
En cuanto al acceso a estas viviendas, podrán optar a ellas quienes no superen los 63.000 euros anuales de renta en la unidad familiar o de convivencia, lo que equivale a 7,5 veces el IPREM. El precio máximo de venta se sitúa en 2.311 euros por metro cuadrado útil de vivienda.
El periodo de protección de este tipo de inmuebles en Castilla-La Mancha es de 15 años, transcurridos los cuales podrán venderse en el mercado libre.
Los plazos son estrictos: seis meses desde la escritura para solicitar la licencia de obras, otros seis para arrancar la construcción y tres años para terminarla. En caso de incumplimiento, la administración se reserva el derecho de recuperar las parcelas y las viviendas construidas.
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