El aparcamiento subterráneo de Mendicouague, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la gestión municipal en Santander, ha dado un nuevo y decisivo giro judicial. Tras años acumulando sentencias y con las plazas sin apenas ocupación, un juez ha obligado al Consistorio a iniciar formalmente el procedimiento de resolución del contrato con las empresas concesionarias.
El aparcamiento lleva desde su apertura en 2013 funcionando muy por debajo de sus posibilidades. Las plazas alquiladas son escasas y las vendidas todavía menos, lo que ha convertido este equipamiento en un ejemplo de infraestructura pública infrautilizada en pleno corazón de la ciudad.
Las adjudicatarias del aparcamiento, las empresas Siec y Actium, han intentado en varias ocasiones renunciar a la concesión, reclamando además una indemnización al Ayuntamiento. El Consistorio se la ha denegado sistemáticamente por no estar de acuerdo con las cantidades exigidas. El conflicto ha escalado hasta los juzgados y la última sentencia, fechada el 8 de julio de este año, da un paso más y obliga a la administración local a tramitar el procedimiento recogido en el artículo 207 de la Ley 30/2007, el mecanismo legal que regula la cancelación anticipada de un contrato público.
El asunto salió a la luz en el Pleno municipal del pasado jueves, cuando el grupo regionalista del PRC pidió explicaciones al equipo de gobierno. Fue el concejal de Fomento y Movilidad, Agustín Navarro, quien explicó la situación ante el hemiciclo.
«Ahora mismo debemos iniciar un expediente de resolución del contrato», resumió Navarro, añadiendo que ese expediente, una vez tramitado y con el preceptivo informe del Consejo de Estado, no tiene por qué cerrar con una resolución afirmativa ni negativa. «Ahora se inicia y en su momento se verá el resultado», señaló el concejal.
Navarro también rechazó la posibilidad de negociar con las empresas para habilitar precios más accesibles para los vecinos, como propuso el PRC. A su juicio, ese tipo de acuerdos enviarían un mensaje equivocado al mercado, incentivando a otras empresas privadas a buscar rescates similares por parte de las administraciones públicas.
El caso del parking de Mendicouague pone de manifiesto las dificultades que pueden surgir cuando una infraestructura pública no logra generar la demanda prevista y los mecanismos de salida contractual se convierten en un laberinto legal que se prolonga durante años.
