El Ayuntamiento de Fuentepelayo, un pequeño municipio segoviano, enfrenta uno de los dilemas más duros que puede afrontar un gobierno local: mantener abierta su residencia de mayores pese a las pérdidas o cerrar un servicio que muchos vecinos consideran indispensable.
La Residencia Municipal San Miguel lleva años funcionando con déficit. En su peor momento llegó a perder 140.000 euros en un solo ejercicio. El pasado año se logró reducir esa cifra a 93.000 euros gracias a una gestión que la propia alcaldesa, Alba Sanz, califica de «muy austera», aunque sin recortar en alimentación ni en atención a los residentes.
El problema es la ocupación. El centro tiene capacidad para 21 plazas y actualmente solo están cubiertas 14. Hace apenas un año eran 17. En 2024 llegaron a ser 19. La tendencia es clara y preocupa: cada vez menos mayores ingresan en residencias, ya sea porque prefieren quedarse en casa, porque la despoblación vacía los pueblos o porque los trámites de dependencia se convierten en un laberinto difícil de sortear.
Con una cuota media de unos 1.700 euros mensuales por residente, los números son crueles. Si las siete plazas vacías estuvieran ocupadas, el centro pasaría del rojo al negro casi de forma automática.
El Ayuntamiento no se ha cruzado de brazos. Ha intentado ceder la gestión a la Diputación de Segovia y a la Junta de Castilla y León, pero ambas instituciones han declinado la oferta. También se exploró la posibilidad de que una empresa privada con experiencia en el sector asumiera el centro, pero sin una ocupación garantizada al cien por cien, tampoco les cuadran las cuentas.
La plantilla la forman nueve gerocultores, y cubrir los tres turnos diarios ya resulta complicado. Agosto, reconoce Sanz, es «infernal».
Ante este panorama, la alcaldesa ha apostado por una solución poco habitual: poner los datos encima de la mesa y que sean los propios vecinos quienes opinen. El informe que declara la viabilidad del centro como «gravemente comprometida» no es un paso hacia el cierre, sino un intento de abrir un debate colectivo con información real.
Fuentepelayo no es un caso aislado. Muchas residencias rurales de la provincia atraviesan dificultades similares, atrapadas entre el coste de dar un servicio digno y la realidad demográfica de unos pueblos que se vacían poco a poco.
La decisión, sea cual sea, no va a ser fácil ni para el Ayuntamiento ni para los vecinos.
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