La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, salió este miércoles con contundencia a rebatir las informaciones publicadas sobre una supuesta manipulación de listas de espera en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Lejos de asumir ninguna responsabilidad institucional, apuntó directamente al cirujano que presentó la denuncia.
Matute aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que fue el propio profesional que alertó del caso quien «manipuló de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos». En sus palabras, el denunciante «se ha denunciado a sí mismo».
Según publicó el diario El País, dos jefes médicos del centro habrían rebajado la gravedad de pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera quirúrgicas, basándose en documentos y correos aportados por el citado cirujano. La denuncia habría llegado a la gerencia del hospital sin recibir respuesta oficial.
La versión de la Consejería es radicalmente distinta. Matute indicó que los responsables del centro detectaron la irregularidad y que esta quedó recogida por escrito. Además, cuestionó la credibilidad del denunciante al señalar que acumula expedientes disciplinarios y que fue acusado de rayar y pinchar las ruedas del vehículo de su jefe de servicio.
La consejera también cargó con dureza contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusó de extender este conflicto puntual entre dos profesionales a todos los hospitales madrileños. La definió como «la peor ministra de Sanidad de la historia de España» y la acusó de actuar como «activista» cuyo objetivo sería «boicotear la sanidad madrileña».
«Es absolutamente falso que se maquillen o manipulen las listas de espera», subrayó Matute, quien insistió en que los hospitales de la región son los mejores del país y los que registran menores tiempos de espera.
La Comunidad anunció que se han abierto diligencias informativas para esclarecer todos los hechos y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, desde Más Madrid ya han exigido datos reales sobre la situación en el Ramón y Cajal, la comparecencia del gerente del centro y una fiscalización a cargo de la Cámara de Cuentas.
El caso ha encendido un nuevo frente político entre la Comunidad y el Ministerio de Sanidad, con los pacientes de las listas de espera como telón de fondo de un conflicto que va mucho más allá de lo sanitario.
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