El próximo 14 de octubre arrancará una huelga indefinida en la educación pública de la Comunidad de Madrid, convocada por el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública. La movilización estará precedida de una manifestación el 27 de septiembre a las 12 horas en Atocha, donde se espera una numerosa asistencia de docentes, familias y estudiantes.
Detrás de la convocatoria se encuentran organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y colectivos como MareaVerde, Queremos FP y Menos Lectivas, entre otros. A ellos se suman asociaciones de madres y padres de alumnos y plataformas de escuelas infantiles, lo que convierte esta huelga en una de las más amplias de los últimos años en la región.
Las demandas quedan recogidas en una Tabla Reivindicativa Docente elaborada de forma asamblearia. Entre las más urgentes figura la reducción de las ratios: los sindicatos piden un máximo de 13 alumnos por aula en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP. Consideran que las actuales cifras dificultan una atención educativa de calidad.
En materia salarial, reclaman un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico y la equiparación retributiva de colectivos como el profesorado de FP y los especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
También ponen sobre la mesa la reducción del horario lectivo, la eliminación del modelo de bilingüismo al considerarlo fuente de segregación, y mejoras urgentes en las instalaciones. Desde UGT denunciaron que muchos alumnos pasan el verano en aulas a 30 grados y que en invierno la calefacción se apaga a mediodía por falta de presupuesto, algo que calificaron de inaceptable en la región más rica del país.
El comité ha exigido a la Consejería de Educación que abra una negociación urgente para evitar que el conflicto marque el inicio del curso. Los sindicatos han advertido que no aceptarán acuerdos que recorten sus reivindicaciones, cansados, según sus palabras, de sentirse maltratados por la administración regional.
Si la Consejería no da una respuesta antes del 14 de octubre, los centros públicos madrileños podrían verse afectados por paros que se prolonguen durante semanas, con el consiguiente impacto en las familias al inicio del nuevo año escolar.
