La Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, uno de los monumentos más emblemáticos de León y declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en el centro de una tormenta política y patrimonial tras conocerse que la Junta de Castilla y León perforó uno de sus ábsides románicos para instalar un dispositivo de monitorización.
La actuación, enmarcada dentro del programa europeo Knowledge Heritage Network (KHN) impulsado desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, buscaba recopilar datos para mejorar la protección del bien. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo ha desatado las críticas de varios sectores.
El principal foco de malestar es doble. Por un lado, ni la Diócesis de León ni el párroco de la iglesia fueron informados con detalle del proyecto antes de ejecutarse. Por otro, el propio Servicio Territorial de Cultura en León, dependiente de la misma Junta, también quedó al margen de la decisión, que se tomó directamente desde la Consejería.
Ante la presión generada, la institución autonómica anunció que retirará el dispositivo y lo reubicará en un lugar más adecuado. Un paso que no ha sido suficiente para calmar los ánimos.
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha sido la última formación en exigir explicaciones. La organización leonesista ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Junta para depurar responsabilidades y conocer por qué se consideró que un ábside románico de un monumento BIC era el lugar idóneo para realizar una perforación de estas características.
Desde UPL también reclaman una valoración formal sobre la ausencia de comunicación tanto a la Diócesis como al Servicio Territorial de Cultura, y alertan del daño causado sobre el monumento, así como del impacto visual que ha generado la instalación en el exterior del templo.
La Iglesia del Mercado, de origen románico y uno de los templos más antiguos de la ciudad, es un referente histórico y arquitectónico de León que atrae cada año a miles de visitantes y turistas. Que un organismo público haya podido dañarla, aunque sea de forma leve, sin seguir los cauces habituales de coordinación institucional, ha encendido las alarmas entre colectivos culturales, partidos políticos y ciudadanos.
El asunto pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién vela realmente por el patrimonio leonés cuando las propias administraciones encargadas de protegerlo actúan sin coordinación ni transparencia?
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