La polémica en torno a la política lingüística del Consell de Menorca sigue creciendo. Tant Més per Menorca como el PSOE han alzado la voz contra lo que consideran una estrategia del equipo de gobierno para fragmentar el catalán bajo la apariencia de defender la variante local de la lengua.
El coordinador de Més per Menorca, Esteve Barceló, fue contundente al valorar el expediente impulsado por el Consell, que señala la «homogeneización lingüística» del catalán estándar como una de las principales amenazas para el menorquín. Para Barceló, ese argumento es una cortina de humo.
«El menorquín no está en peligro por el catalán estándar, sino por otras lenguas que se imponen en nuestro territorio», aseguró el conseller de la oposición, quien advirtió de que le preocupa que se esté «atacando a la lengua bajo el paraguas de una falsa protección».
Barceló también puso en cuestión la figura de la filóloga Sili Pons, impulsora de los informes técnicos que sustentan esta iniciativa, y ha solicitado que se acredite su solvencia profesional para elaborar dictámenes de esa naturaleza.
El representante de Més encadena esta medida con otras decisiones del gobierno insular que, en su opinión, apuntan todas en la misma dirección: dividir la lengua. Entre ellas cita la pérdida voluntaria de los dominios .cat de la institución, el reglamento de usos lingüísticos, al que califica de «ataque a la lengua nulo de pleno derecho», y el reglamento de Carrera Profesional, que exime temporalmente a los funcionarios de acreditar su nivel de catalán.
Precisamente esa última medida también incomoda al PSOE, que no entiende cómo se puede querer proteger el menorquín mientras se exime a los trabajadores del Consell de demostrar que dominan el catalán. Los socialistas, que sí respaldaron el reglamento de usos lingüísticos, se sumaron sin embargo al rechazo a lo que califican de «politización» de la lengua.
El PSOE reclamó al gobierno insular «más consenso y criterios científicos» y le pidió que respete el marco que fija el Estatut. En su opinión, el verdadero problema no está en el catalán estándar, sino en la reducción del uso social del catalán, incluido el que se habla en Menorca.
Ambos grupos de la oposición coinciden en un diagnóstico: la lengua no debería ser una herramienta de confrontación política, sino un patrimonio colectivo que merece protección real y rigor técnico.
